En un salón bien iluminado, con sillas perfectamente alineadas y discursos comprometidos, se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Atención del Programa Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahí estaban representantes de instituciones estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por el doctor Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y su comisaria Ivonne Miroslava Abarca Velázquez.
El ambiente era cordial. Se hablaba de políticas públicas, estrategias de prevención, de coordinación entre órdenes de gobierno y del compromiso para erradicar la violencia de género. Se hablaba de mujeres.
Pero mientras se tejían estrategias y se firmaban acuerdos en nombre de la justicia y la igualdad, en otro punto de Chiapas, una mujer era esposada, detenida y exhibida públicamente: Yrania “N”.
La captura se realizó en Puerto Madero, Tapachula. El operativo fue conjunto: Guardia Estatal Preventiva, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, y otras fuerzas. A Yrania se le encontró en posesión de supuesta droga —cristal— y fue puesta a disposición de las autoridades por delitos contra la salud. Su rostro y nombre circularon rápidamente en los boletines, como si la presunción de inocencia fuera un detalle menor.
Aquí también se habla de mujeres. Pero no desde un estrado, sino desde una esquina oscura del sistema. Desde la violencia estructural, la criminalización de la pobreza, y el abandono social.
Este contraste duele. Porque mientras en los discursos se presume una “coordinación efectiva” y un “compromiso con los derechos humanos”, en la práctica muchas mujeres enfrentan la ley sin garantías, sin defensa adecuada, y muchas veces sin justicia.
Yrania es solo un nombre. Pero podría ser el de tantas otras. Las que no están en mesas institucionales ni en foros bienintencionados. Las que sufren feminicidios, desapariciones, violencia sexual, represión, marginación. Las que viven bajo sospecha permanente por su forma de vestir, su lugar de origen, su pobreza o su pasado.
No se trata de justificar delitos. Pero sí de preguntarnos cómo se mide la violencia cuando el Estado responde con fuerza desproporcionada a las mujeres que más deberían ser protegidas.
Sí, hay que reconocer la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y los esfuerzos de instituciones como la SSP. Pero también es necesario señalar las omisiones y los abusos. Porque si la justicia solo se aplica con mano dura hacia quienes tienen menos, no se construye igualdad. Se profundiza la desigualdad.
La lucha de las mujeres no siempre está en eventos públicos. Muchas están librando batallas en silencio, desde la calle, desde las cárceles, desde el luto. Son ellas quienes deberían estar también al centro de toda política de género.
La violencia contra las mujeres no se erradica solo con estrategias. Se combate con verdad, con sensibilidad, con justicia. Y con la voluntad de mirar más allá del boletín institucional.
