El reciente anuncio de la Secretaría de Economía sobre la apertura del registro al Acuerdo Nacional para la Estabilización del Precio de la Tortilla representa una medida necesaria, aunque tardía, ante el encarecimiento sostenido de un alimento básico en la dieta de millones de mexicanos. La propuesta —una reducción gradual del precio por kilogramo de tortilla a través de acuerdos con productores, distribuidores y tortillerías— tiene una intención loable. Pero su implementación enfrenta retos profundos en estados con alta marginación y fragmentación económica, como Chiapas.
El precio de la tortilla no solo refleja los vaivenes del maíz en los mercados internacionales, sino también las distorsiones internas provocadas por intermediarios, monopolios regionales, encarecimiento de insumos (como el gas LP y la electricidad) y la ausencia de una política agrícola integral. En Chiapas, donde una buena parte de las comunidades rurales produce maíz para autoconsumo o en sistemas de milpa tradicionales, la paradoja es evidente: quienes producen el grano muchas veces no pueden acceder a una tortilla a precio justo en las ciudades o zonas urbanizadas.
Uno de los principales obstáculos para aplicar este acuerdo en la región es la informalidad del mercado tortillero. En municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán o San Cristóbal, la mayoría de las tortillerías opera sin controles efectivos, sin padrones actualizados ni fiscalización del precio al consumidor. Además, los pequeños productores de maíz y los molinos comunitarios han sido desplazados por grandes centros de distribución, generando una dependencia hacia insumos industrializados —harinas enriquecidas y mezclas comerciales— que elevan el costo de producción.
Otro reto fundamental es el acceso desigual a subsidios y programas públicos. Mientras que algunas grandes marcas tienen acceso a apoyos y acuerdos con el gobierno federal, los pequeños negocios familiares apenas sobreviven, con escasa capacidad de negociación y sin incentivos para sumarse a un pacto nacional. La falta de organización gremial en el sector impide que se construyan acuerdos locales sólidos.
Para que este acuerdo no se quede en una buena intención capitalina, se requiere una estrategia específica para el sur-sureste del país: fortalecer las redes comunitarias de producción de maíz nativo, garantizar precios de garantía justos en zonas indígenas, otorgar apoyos diferenciados a tortillerías pequeñas y establecer observatorios ciudadanos que vigilen el precio al consumidor. También es fundamental que el gobierno estatal y los municipios participen activamente en la difusión, vigilancia y acompañamiento técnico de este proceso.
En Chiapas, reducir el precio de la tortilla no es solo una medida económica. Es un acto de justicia alimentaria y un paso indispensable para combatir el hambre estructural que persiste en amplias zonas del estado. Sin una visión territorial y con enfoque de derechos, cualquier acuerdo nacional corre el riesgo de ignorar a quienes más lo necesitan.
