En días recientes, la figura del presidente municipal de Tonalá, Chiapas, ha vuelto a ser motivo de escándalo público. Esta vez no por actos de gobierno, sino por la conducta de su hijo, un joven misógino, agresivo y pueril, cuya actitud ha sido expuesta como reflejo de impunidad, arrogancia y desprecio hacia el ejercicio periodístico. Pero no nos equivoquemos: el verdadero problema no es “Manaco” ni su vástago con ínfulas de cacique heredero.
El verdadero y más profundo problema es la violencia estructural que enfrentan periodistas como Juan Manuel Corzo y la falta de mecanismos institucionales efectivos para protegerlos. Es esa violencia silenciosa y constante la que debería estar en el centro del debate, no la anécdota vulgar del hijo del alcalde.
En Chiapas —y Tonalá no es la excepción— la libertad de expresión se ejerce en condiciones de riesgo. El periodismo que incomoda al poder local, el que cuestiona las decisiones políticas, el que revela abusos o evidencia corrupción, suele pagar un alto precio: hostigamiento, amenazas, censura, estigmatización. Y cuando no basta la presión informal, aparece el uso de la fuerza o del aparato judicial.
Los insultos, amagos o intentos de intimidación contra Corzo no son hechos aislados: ocurren en un contexto estatal y regional donde se han documentado ataques graves a la prensa, muchos de los cuales permanecen impunes, invisibilizados o minimizados por las propias autoridades. Esta situación lesiona el derecho a la información de la sociedad y genera efectos irreparables en términos de derechos humanos.
El problema no es un presidente municipal bocón ni su hijo fanfarrón: el problema es el vacío institucional que permite que figuras como ellos sigan operando con impunidad, sin contrapesos ni rendición de cuentas. El problema es la naturalización de la violencia contra periodistas como si fuera parte del costo de ejercer su profesión en zonas de silencio impuesto.
Lo que ocurre en Tonalá debería ser una llamada de atención: no para convertir a un junior prepotente en trending topic, sino para poner el foco donde importa: en la protección efectiva del ejercicio periodístico, en la garantía del derecho a la información y en el fortalecimiento del Estado de derecho en los municipios más vulnerables.
Porque cuando la violencia estructural se normaliza y el poder local se ejerce sin vigilancia, el periodismo se convierte en una actividad de alto riesgo. Y entonces, callar no es una opción, pero hablar tampoco garantiza justicia.
