La denuncia pública de los habitantes del Cantón El Corralito, en el municipio de Mazatán, Chiapas, exhibe con crudeza el rostro más irresponsable y peligroso de la gestión de residuos en México: la impunidad ambiental disfrazada de soluciones prácticas. La presidenta municipal Sara Barrera Solís, según los comuneros, habría ordenado el uso de un predio no autorizado —una antigua arenera que forma parte de un cauce natural de río— para continuar tirando los desechos sólidos del municipio. Un acto que no solo transgrede la normatividad ambiental, sino que pone en riesgo directo los mantos freáticos, la salud de las personas y la estabilidad ecológica de toda la región.
Este caso no es aislado, y menos aún un simple problema local. Es la expresión brutal de un patrón nacional de omisiones, negligencias y violaciones sistemáticas a las leyes ambientales, que viene de sexenios atrás y que ha sido tolerado —cuando no directamente promovido— por autoridades de los tres niveles de gobierno. Mientras México firma compromisos internacionales sobre cambio climático y biodiversidad, municipios como Mazatán entierran toneladas de basura en el suelo que alguna vez dio agua limpia.
Por eso resulta urgente que el delegado de Semarnat, Aquiles Espinosa García, y el delegado de Profepa, Jorge Enrique Zapata Nieto, intervengan con seriedad, firmeza y sin titubeos. La comunidad de El Corralito no pide favores: exige justicia ambiental y el cumplimiento de la ley. Y tiene razón. No se puede permitir que un gobierno municipal se salte los permisos, ignore la voluntad de la gente, y transforme una arenera en fosa séptica sin consultar ni evaluar los impactos.
Aquiles Espinosa tiene ahora la oportunidad de demostrar que su reciente nombramiento no es un premio burocrático, sino una responsabilidad real frente al país y frente a la confianza que le otorgó la presidenta Claudia Sheinbaum. Con su experiencia y trayectoria, este reto no le queda grande. Pero debe actuar. No basta con señalar que el problema de los residuos sólidos es nacional —que lo es—, si no se atienden los casos concretos donde la ley se vulnera de forma descarada.
La basura no se esconde cavando un hoyo. Y la autoridad no se gana con silencios. Mazatán exige respuestas. Y el país necesita que, de una vez por todas, se limpie no solo la basura física, sino la impunidad que la acompaña.
