Apenas el pasado lunes, desde esta misma tribuna editorial, hicimos un llamado urgente a replantear a fondo el sistema penitenciario de Chiapas. Señalamos, con contundencia y responsabilidad, que las muertes bajo custodia no pueden ser normalizadas ni reducidas a una estadística. Exigimos una revisión institucional seria, una actuación con perspectiva de derechos humanos y una reinvención del modelo carcelario que ha mostrado signos claros de deterioro.
Hoy, celebramos que ese reclamo ciudadano y periodístico encuentra respuesta en acciones concretas. La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por el doctor Óscar Alberto Aparicio Avendaño, anunció la firma de un importante convenio con Industrias Médicas Chiapanecas para implementar el programa “Reparando Vidas”, una iniciativa que pone en el centro a las personas privadas de la libertad y apuesta por su dignificación y salud integral.
La noticia no es menor. Este programa no se limita a palabras o buenas intenciones. Implica la entrega de camas hospitalarias, la adecuación de espacios dignos y una ruta de capacitación para mejorar la atención dentro de los Centros Estatales de Reinserción Social. En un entorno donde la precariedad y el abandono han sido norma, estas acciones representan un cambio de enfoque que merece reconocimiento.
Este paso tiene aún más valor si se entiende como parte de una visión más amplia, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha hecho del fortalecimiento de la seguridad y la justicia social un eje de su administración. Chiapas ha sido reconocido como el estado más seguro del país, y ello no es resultado de la casualidad, sino de una estrategia integral y bien coordinada entre instituciones.
La firma del convenio “Reparando Vidas” es una señal clara de que el gobierno de la Nueva ERA encabezado por el Doctor Eduardo Ramírez Aguilar, no se limita a escuchar, sino que actúa. Es una muestra de sensibilidad, de voluntad política y de corresponsabilidad institucional. Y es, sobre todo, una respuesta al dolor de muchas familias que han visto vulnerados los derechos de sus seres queridos dentro de los penales.
Reconocer los errores y actuar para corregirlos es el primer paso hacia la reconstrucción de la confianza ciudadana. Las cárceles no deben ser espacios de castigo perpetuo, sino de transformación humana. Y para que eso ocurra, se requiere infraestructura, atención médica, programas de reinserción y, sobre todo, una convicción ética que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.
Este convenio, sin duda, no soluciona todos los males del sistema penitenciario chiapaneco, pero representa una ruta. Es una oportunidad para demostrar que otra forma de hacer justicia es posible: una justicia con rostro humano, con memoria, con voluntad.
En una época donde el escepticismo ciudadano crece, y donde la violencia institucional aún cobra vidas, Reparar Vidas no debe ser sólo un programa. Debe convertirse en una filosofía de gobierno. Una forma de decirle al pueblo chiapaneco que el Estado no sólo castiga, sino también cuida, escucha y construye futuro.
Y desde aquí, seguiremos vigilantes. Porque la transformación empieza con hechos, y hoy se ha dado uno importante.
