El anuncio de la Ampliación del Sistema de Agua Potable en Comitán de Domínguez, realizado el pasado miércoles por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, debe leerse no sólo como una inversión millonaria, sino como un compromiso directo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6: Agua limpia y saneamiento para todos.
Con una inversión inicial de más de 300 millones de pesos —y un estimado total que alcanzará los mil 200 millones—, este proyecto va más allá de solucionar una demanda histórica de los comitecos: construye resiliencia social, impulsa la economía regional y protege los ecosistemas. La obra incluye plantas de tratamiento que impedirán el vertido de aguas negras al Río Grande, un gesto responsable que también salvaguarda la vida de los emblemáticos Lagos de Montebello, joyas naturales del sureste mexicano.
Más allá del discurso técnico, el proyecto incorpora una visión que articula desarrollo, participación social y ética pública. El gobernador ha sido enfático: no habrá “moches”, no habrá corrupción, y se privilegiará a las constructoras locales, dando un impulso a la descentralización de la obra pública y al fortalecimiento de las capacidades técnicas de la región. Este enfoque dialoga de forma directa con las metas del ODS 6, que no sólo busca asegurar agua para consumo humano, sino también gestionar los recursos hídricos de manera integral y equitativa, con participación comunitaria y gobernanza efectiva.
La participación de la Secretaría de Infraestructura, encabezada por Ana karen Gómez Zuart, añade otro componente clave: la garantía de que esta obra será ejecutada con perspectiva de territorio y compromiso social. No se trata de una obra que llega desde el escritorio centralista, sino de un esfuerzo coordinado con colegios de profesionistas, cámaras empresariales y habitantes del municipio, quienes fueron convocados al acto público como parte de un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia.
El agua, como bien común, no puede estar sujeta a los vaivenes del oportunismo político ni a la negligencia histórica. En un estado como Chiapas, donde las brechas de acceso siguen siendo amplias y donde la inequidad hídrica tiene rostro indígena, campesino y urbano marginal, proyectos como este deben replicarse con la misma energía, planeación y compromiso moral.
Y es desde esa visión que debemos seguir evaluando el quehacer público: no por la magnitud del presupuesto, sino por su impacto en la justicia social, la equidad territorial y el cuidado del planeta. La obra en Comitán es una oportunidad para demostrar que sí es posible gobernar con el corazón en la mano, como bien lo ha dicho el mandatario estatal, pero también con la ley en la otra y con la vista puesta en los objetivos globales que México ha firmado y Chiapas está empezando a materializar.
Porque garantizar agua limpia y saneamiento no es una promesa de campaña, sino una tarea de Estado. Y en Comitán, esa tarea ha comenzado.
