En Chiapas, una preocupante distorsión del ejercicio público comienza a afianzarse en ciertos círculos del poder municipal: la creencia de que el respaldo institucional del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar equivale a una carta blanca para violar la ley, reprimir voces incómodas y, lo más alarmante, proteger actos de violencia graves.
El reciente caso que ha sacudido a la opinión pública involucra a Manuel Narcía Ortíz, hijo del exalcalde de Tonalá, Manuel Narcía Coutiño, también conocido como «Manaco», actual candidato a diputado federal. De acuerdo con la denuncia pública realizada por la joven Andy Herrera, el joven Narcía habría sido partícipe en un intento de agresión con tintes de intento de feminicidio en Tuxtla Gutiérrez. En el video que circula en redes sociales, se ve cómo un grupo de hombres —entre ellos el hijo del político— amenazan con un arma de fuego a la víctima y casi la lanzan de una camioneta en movimiento.
Este tipo de actos, lejos de ser aislados, reflejan una actitud profundamente peligrosa que se ha vuelto frecuente en algunos entornos municipales: el uso del apellido, la cercanía con el poder y los vínculos partidistas como escudo ante cualquier consecuencia legal. Es decir, la impunidad que se disfraza de respaldo político.
Aquí es donde se debe trazar una línea clara: una cosa es el respaldo institucional del gobernador —basado en el trabajo, la coordinación y los resultados— y otra muy distinta es la permisividad ante abusos de poder, corrupción o violencia de género cometidos por quienes creen estar por encima de la ley.
El caso de Narcía Ortíz debe ser atendido con toda la fuerza de la ley. No puede tolerarse que el parentesco con figuras públicas, ni la militancia en partidos políticos, ni los pactos cupulares sean utilizados como blindaje ante un delito tan grave. La tentativa de feminicidio, como lo tipifican el Código Penal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no puede quedar en redes sociales ni en la indignación popular: exige una actuación inmediata de la Fiscalía General del Estado.
Y este caso no es el único. En municipios como Jiquipilas, por ejemplo, la presidenta municipal Yanet Chiu López ha sido señalada por diversos sectores por presumir su cercanía con el poder estatal como escudo frente a cuestionamientos de la prensa sobre su gestión. De nuevo, se confunde el respaldo con el permiso de actuar sin transparencia, sin rendición de cuentas y, a veces, contra el pueblo.
El poder no puede convertirse en privilegio personal, ni el respaldo institucional en garantía de impunidad. Si el proyecto de transformación en Chiapas quiere ser auténtico y creíble, debe demostrar que la ley se aplica sin importar apellidos, colores ni cargos. Porque el verdadero respaldo institucional se construye con resultados, no con pactos de silencio.
Chiapas no necesita más políticos blindados por el poder, necesita funcionarios comprometidos con la justicia, la transparencia y la verdad.
