La caída de Gustavo Ruiz Laparra, exdirector jurídico de la Fiscalía General del Estado (FGE), acusado nada menos que de secuestro y extorsión, marca un antes y un después en el pulso interno de la justicia chiapaneca. Que no se equivoquen quienes aún se sienten blindados por el cargo, el compadrazgo o la costumbre del pasado: se les acabó el fuero invisible de la impunidad.
La noticia corrió como reguero de pólvora: Ruiz Laparra,director jurídico de la FGE, fue detenido y enviado directo a El Amate. ¿El motivo? Delitos graves, no administrativos. No hablamos de irregularidades menores, sino de actos criminales que afectan la médula de una institución que debería proteger al ciudadano, no someterlo.
Pero más allá del estruendo mediático, esta detención envía un mensaje directo a todos esos «servidores públicos» que han hecho de la Fiscalía un feudo personal. Y en ese grupo, inevitablemente, debe empezar a sonar una campana con eco en Jiquipilas, donde hay un fiscal de mesa, de nombre Miguel Ángel Solana Gordillo, ya señalado públicamente por cobrar a los campesinos de la región sobornos disfrazados de supuesta “ayuda legal”, una cuota disfrazada de auxilio institucional pero que huele —y apesta— a extorsión.
Aquí también debe de poner sus barbas a remojar el comisariado ejidal de la colonia Nueva Palestina, Artemio Cruz Vante, otro personaje que, según testimonios y denuncias ciudadanas, ha aprendido a utilizar su representación agraria para ejercer presión y control sobre su propio pueblo. A estos dos les debe quedar claro que la detención de Ruiz Laparra no es un hecho aislado, sino el inicio de una limpia necesaria. Si antes los cubría la complicidad o la omisión, hoy la consigna es clara: caiga quien caiga.
El caso de la colonia Nueva Palestina, en el que una mujer fue discriminada por atreverse a exigir justicia y un hombre inocente fue intimidado para luego ser extorsionado con la vergonzosa cantidad de 500 pesos; es otra muestra del rostro podrido de algunas fiscalías municipales. Es ahí donde el abuso tiene rostro, tono y método: humillan, cobran, chantajean y todavía presumen de “impartir justicia”. Lo hacen con descaro, porque han contado por años con el silencio institucional como escudo.
Pero los tiempos están cambiando. El gobierno estatal ha dado señales de querer romper con esa vieja cultura de corrupción solapada, y esta detención lo confirma. Que se preparen otros: los comisariados corruptos, los fiscales extorsionadores, los que han hecho carrera estafando la fe ciudadana, porque hoy, por fin, alguien está mirando. ¡Hay gobernador! ¡Hay fiscal general!
Y más aún: la propuesta presidencial para perseguir por oficio el delito de extorsión se cruza con precisión quirúrgica con lo que ocurre en Chiapas. Ya no hará falta una denuncia formal —que muchos no interponen por miedo— para que las autoridades actúen. Esa es una luz en el túnel, pero también un reflector que apunta a los que creían que podían seguir actuando en las sombras.
Se acabó la impunidad —por si quedaba duda. Y si aún hay quienes no lo creen, que pasen a El Amate a preguntarle a Ruiz Laparra cómo se siente caer desde la cima de la impunidad hasta el piso duro de la justicia. Que vayan preparando su defensa, porque la justicia, al parecer, por fin empezó a quitarse la venda.
