La crítica del presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, es tan certera como incómoda: México no está reprobando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030… simplemente los está ignorando. Y es que prometer erradicar la pobreza mientras se normaliza la informalidad como forma de vida y subsistencia nacional, es la contradicción más escandalosa de nuestro tiempo.
Con más del 55% de la población ocupada en el sector informal —más de 30 millones de personas sin seguridad social ni derechos laborales—, resulta insostenible seguir hablando de desarrollo sin enfrentar esta realidad. La informalidad no es sólo un dato económico: es un síntoma profundo del abandono institucional, de la inoperancia burocrática y de la renuncia del Estado a garantizar justicia económica.
¿Cómo hablar del ODS 8 (“trabajo decente y crecimiento económico”) cuando millones sobreviven al margen de la ley laboral? ¿Qué clase de “fin de la pobreza” (ODS 1) se puede ofrecer con ingresos diarios que apenas cubren lo mínimo? ¿Y qué sentido tiene repetir el mantra de la “reducción de desigualdades” (ODS 10) si los caminos hacia el ascenso social están cerrados por tramitologías kafkianas y castigos fiscales al que decide formalizarse?
En esta economía de sobrevivencia, lo informal se ha vuelto más rentable, más rápido, más viable. Es una ironía cruel: ser formal no garantiza nada, salvo más obstáculos. Mientras tanto, la informalidad ofrece una promesa engañosa de estabilidad precaria, sin reglas ni garantías, pero también sin derechos. Esto no es desarrollo: es una pausa perpetua.
Lo que Octavio de la Torre señala con claridad es que el cumplimiento de la Agenda 2030 no puede ser un discurso de escritorio ni una meta para llenar informes internacionales. La transformación que necesitamos es territorial, concreta y accesible: llevar la formalidad a la calle, al mercado, al tianguis, al taller, al ejido. Crear condiciones para que lo legal sea lo lógico, no lo imposible.
Y es aquí donde los gobiernos locales, hablando de Chiapas, deben asumir un papel urgente. Porque mientras sigamos tolerando una estructura económica basada en la informalidad, no habrá ODS que valga, ni justicia que alcance. La verdadera inclusión comienza por reconocer al informal no como una anomalía, sino como una víctima estructural del abandono institucional.
La Agenda 2030 nos puso una meta. Pero en Chiapas, los gobiernos municipales, hasta ahora, ni siquiera han decidido ponerse los zapatos.
