El reciente caso ocurrido en Tonalá, Chiapas, donde un menor de edad fue expuesto en redes sociales con una herida en el rostro, vuelve a colocar en el centro del debate una práctica cada vez más frecuente y preocupante: la utilización política y mediática de casos sensibles que deberían ser tratados con absoluto sigilo, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, especialmente cuando involucran a niñas, niños y adolescentes.
El video, publicado en Facebook por Yazz Toledo Toledo —quien, según diversas fuentes, mantiene vínculos cercanos con el alcalde Manuel Narcía Coutiño y opera políticamente para el Partido Verde— muestra al niño herido sin resguardo alguno de su identidad. Se le observa rodeado por mujeres adultas que lo inducen a responder preguntas que van construyendo una narrativa acusatoria, sin base legal ni fundamento, pero cargada de señalamientos graves que han causado alarma en la opinión pública.
De acuerdo con las autoridades municipales y con la información recabada hasta el momento, la lesión fue provocada por un cachorro canino, y no existen elementos que acrediten actos de violencia familiar o abuso sexual. A pesar de ello, la publicación acusa directamente a un policía municipal —hermano del menor— de cometer actos atroces, generando un juicio anticipado, promovido no por la búsqueda de justicia, sino por intereses personales y políticos.
Este caso no solo expone al menor a una doble victimización —primero por la herida sufrida, y luego por la exposición mediática de su situación—, sino que también vulnera el principio del debido proceso, revictimiza a su familia y violenta la presunción de inocencia de un funcionario público, sin que medie una denuncia formal ni investigación previa por parte de las instancias correspondientes.
La niñez no debe ser usada como rehén de disputas políticas ni como carnada para likes. Lo que urge en este caso es que el DIF municipal y su Procuraduría de Protección garanticen el interés superior del niño, activen los protocolos correspondientes, y lo protejan no solo de presuntos agresores, sino también de quienes lo explotan públicamente con fines ajenos a su bienestar.
Es inadmisible que actores políticos instrumentalicen el dolor ajeno para golpear a rivales o posicionarse en la arena pública. La justicia no puede nacer del escarnio, ni la verdad surgir de las redes sociales. Este caso debe ser una advertencia: la ética periodística y la responsabilidad social deben prevalecer frente al espectáculo digital. La infancia merece verdad, protección y respeto. Todo lo demás es oportunismo.
