El secretario de Educación Estatal, Roger Mandujano Ayala, aseguró el fin de semana pasado que la venta de plazas en el sistema educativo estatal fue perpetrada por “particulares” que falsificaron documentos y su propia firma. Sin embargo, los testimonios, los documentos filtrados y la experiencia acumulada por el magisterio durante años apuntan en otra dirección: la corrupción lleva nombre y apellido, y uno de ellos es Oved Balderas Tovilla un personaje que ha operado por años desde las entrañas de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). No es un actor menor ni un “ajeno” como pretende hacerse creer. Se trata de un dirigente sindical con antecedentes oscuros, conocido en los pasillos educativos no solo por su capacidad de maniobra política, sino por su oportunismo y por ser operador clave de una red de tráfico de influencias, donde plazas, jubilaciones, licencias médicas del Isstech y cambios de actividad laboral se transan como mercancía. Un ejemplo de tal corrupción es el caso de Ana Iris Romero Espinosa, a quien el pulcro (sí, es sarcasmo) líder sindical, mantiene como asistente de la supervisión escolar 021 del nivel primarias, a pesar de que su adscripción oficial se encuentra en la Escuela Primaria Jorge Tovilla, ya con cambio de actividad . La beneficiaria es cuñada del exsecretario general Julio César León Campuzano, a quien se le rinde tributo y otorgan canonjías, a pesar de estar involucrado en un desfalco millonario de 50 mil 627 millones de pesos del Patronato Mutualista de la Caja de Ahorro y Préstamo y del Patronato del Seguro de Vida y Retiro, y por lo cual, existen las carpetas de investigación: 1472-10102042021 y 1475-10102042021, además siete registros de atención más.
Dicho desfalco es una herida abierta que aún no sana y que involucra directamente al aparato que Balderas ha ayudado a mantener. Las cuotas sindicales, que deberían beneficiar a las maestras y maestros, se han transformado en una suerte de botín personal y moneda de cambio con exfuncionarios, un ecosistema donde el sindicalismo ha dejado de ser un instrumento de defensa laboral para convertirse en un negocio particular.
Con la astucia de los coyotes, Balderas Tovilla acusa que desde hace años, la Secretaría de Hacienda retiene mes a mes las cuotas sindicales de las maestras y maestros, y en lugar de entregarlas con oportunidad, las “jinetea”, las administra discrecionalmente, y solo las libera mediante gestiones de “buena voluntad”, esas mismas que luego Balderas presume como logros sindicales. Un mecanismo perverso donde los recursos del magisterio -segun él- , son usados como préstamos forzosos , en una lógica de chantaje que, además, refuerza su poder clientelar.
Sobre advertencia no hay engaño, por el ello el secretario Mandujano Ayala está obligado a ir más allá del “yo no fui”, debe erradovar de fondo la estructura podrida que ha permitido estas prácticas durante sexenios. Decir que los responsables son ajenos a la Secretaría mientras se presume una mesa de negociación con la Sección 40 y con personajes como Balderas Tovilla como interlocutores, es una contradicción insalvable.
Si el compromiso es real, entonces es momento de romper con los pactos de impunidad que han sido la regla en el trato con las dirigencias sindicales espurias. No basta con instalar comisiones mixtas ni con lanzar llamados a la ciudadanía. Es necesario depurar la estructura, sancionar penalmente a quienes han lucrado con la necesidad y la esperanza de cientos de trabajadores de la educación.
La corrupción no se resuelve con conferencias ni con declaraciones mediáticas. Se enfrenta con voluntad política, transparencia y, sobre todo, con justicia. Y en este caso, justicia significa llevar ante la ley a quienes desde dentro —y no desde fuera— han hecho de la educación en Chiapas un negocio personal.
