México vive una tragedia silenciosa que ha marcado a decenas de miles de familias: la desaparición de personas. Frente a esta crisis humanitaria, la iniciativa de reforma en materia de desaparición y búsqueda de personas, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), representa un paso indispensable hacia la justicia, la verdad y la reparación. La urgencia de su aprobación es una deuda moral y política con quienes han buscado durante años a sus seres queridos sin respuesta ni respaldo institucional suficiente.
Esta reforma es una respuesta sensible al dolor y la resistencia. Más de 450 colectivos de familiares participaron en las mesas de diálogo que nutrieron la propuesta con más de 570 aportaciones, lo que convierte a esta iniciativa en un reflejo auténtico de las necesidades de las víctimas. Se trata de un esfuerzo democrático y plural que debe traducirse en políticas públicas eficaces, sensibles y transformadoras, no en promesas vacías.
La CNDH ha destacado que la reforma se centra en las víctimas, su derecho a la verdad y su exigencia de justicia. En un país donde la impunidad es norma y la revictimización una práctica común, garantizar que el eje de toda política sea el bienestar y la dignidad de las personas afectadas es no solo urgente, sino imprescindible. Esta transformación implica no solo reconocer el fracaso de mecanismos pasados, sino también comprometerse con una estructura estatal que funcione, que busque y que repare.
Aprobar esta reforma es apenas el primer paso. Su efectividad dependerá de la creación de mecanismos operativos con recursos suficientes, personal capacitado, y una profunda coordinación entre instituciones locales, federales y colectivos ciudadanos. Es fundamental que las fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades de todos los niveles asuman su responsabilidad con sensibilidad y rigor. Sin implementación efectiva, cualquier buena ley puede quedar como letra muerta.
Además, esta iniciativa debe verse como parte de un proyecto mayor para construir una cultura de paz, basada en el reconocimiento de la verdad y la no repetición. Las desapariciones no son hechos aislados, sino síntomas de una violencia estructural que exige respuestas integrales: combate a la impunidad, control del armamento ilegal, revisión profunda de las fuerzas de seguridad y atención a las causas sociales de la violencia.
La exigencia del Senado y la Cámara de Diputados debe ser clara: no dilatar más un proceso que ha sido construido desde el consenso, la participación y el dolor. Cualquier demora representa una traición a miles de familias que, día tras día, sostienen la memoria de sus desaparecidos ante la indiferencia institucional.
El compromiso con la verdad y la justicia debe pasar del discurso a la acción. México no puede permitirse seguir sumando nombres a la lista de desaparecidos sin mecanismos efectivos que los busquen. Esta reforma es una oportunidad histórica para que el Estado comience a saldar su deuda con las víctimas. No dejemos que el miedo o la burocracia nos impidan dar ese paso.
