La detención de tres personas por su presunta participación en la venta de plazas docentes y administrativas en Chiapas es, sin duda, un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación permitió actuar con rapidez ante las denuncias ciudadanas y mandar un mensaje claro: las redes de corrupción ya no gozarán del mismo nivel de impunidad que durante décadas permitió su crecimiento.
Sin embargo, este logro —aunque significativo— también revela una dolorosa realidad: estos delitos persisten, enquistados en sectores clave de la administración pública estatal. Lo más grave es que no se trata de actos aislados. Una vez más, la colusión entre líderes sindicales y personal operativo dentro de las dependencias queda al descubierto, evidenciando que algunos han encontrado en la burocracia educativa un negocio lucrativo, a costa de millones de niñas, niños y jóvenes chiapanecos.
No se trata solo de un delito administrativo o de una trampa más en el juego político. Se trata de una traición al futuro de Chiapas. La venta de plazas docentes no solo desvirtúa el mérito y la vocación educativa, sino que degrada el derecho de las y los estudiantes a recibir una educación de calidad, impartida por maestras y maestros comprometidos, preparados y que hayan llegado a las aulas por sus capacidades, no por transacciones oscuras.
Chiapas necesita docentes que amen su labor, que vean en su vocación una oportunidad para transformar vidas, no una recompensa negociada en oficinas sindicales o administrativas. Los chiapanecos estamos hartos de las mismas prácticas mezquinas que han frenado el desarrollo de nuestro estado, y que han robado oportunidades a quienes verdaderamente merecen estar frente a grupo.
Este caso debe marcar un punto de inflexión. No basta con detener a algunos responsables; es necesario desarticular por completo estas redes de corrupción, revisar los mecanismos de asignación de plazas, y sancionar con firmeza a todos los involucrados, sin importar su cargo o afiliación política. La dignificación del servicio público —y en especial del magisterio— pasa por extirpar de raíz estas prácticas vergonzosas.
Que este caso no sea solo una anécdota judicial, sino el inicio de una transformación profunda. Porque la educación en Chiapas no puede seguir siendo rehén de la corrupción. Porque nuestros niños y jóvenes merecen algo mejor.
