Chiapas se abre paso con una visión diferente en un contexto global marcado por la crisis migratoria: la del respeto, la dignidad y la justicia para las personas en tránsito. Lejos de replicar discursos de contención y criminalización, el estado ha comenzado a dar pasos firmes hacia una política integral que reconoce a la migración como un fenómeno social inevitable y transformador, no como una amenaza. Y lo hace desde el marco legal, académico y sobre todo, desde un enfoque profundamente humanista impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
En días recientes, durante la Cumbre Migratoria Internacional celebrada en la UNACH, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó una histórica iniciativa de ley que marca un antes y un después en la atención al fenómeno migratorio en Chiapas. Esta propuesta legislativa busca establecer el primer marco normativo estatal en materia migratoria, con el objetivo de garantizar y dignificar la estancia de las personas en movilidad. Una acción que va más allá de los discursos: se trata de un compromiso real con los derechos humanos.
La iniciativa, elaborada en colaboración con el Instituto de Estudios Jurídicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, responde a la necesidad de armonizar el trabajo de todas las instituciones involucradas en la atención de personas migrantes. Alimentación, salud, vivienda, educación: derechos básicos que hoy se buscan asegurar con claridad jurídica, responsabilidad pública y enfoque transversal. Un paso necesario en un estado que, como lo señaló el propio diputado Avendaño, es la puerta de entrada a México y un territorio históricamente receptor de flujos migratorios.
Este avance no es aislado. Forma parte de una estrategia mayor que encarna el espíritu de la Nueva ERA, la política pública impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha puesto al ser humano en el centro de su agenda. La atención a las personas migrantes no es una concesión, sino una obligación moral y política para un gobierno que ha optado por la justicia social como hoja de ruta. En Chiapas, se está construyendo un modelo en el que nadie quede fuera, sin importar su nacionalidad o condición legal.
La reciente cumbre académica fue también un ejemplo de cómo el pensamiento crítico y la política pública pueden caminar de la mano. Ver a las personas migrantes como agentes de cambio y no como amenazas, es un giro que urge replicarse a nivel nacional. Chiapas lo entiende: detrás de cada paso, cada rostro que cruza sus fronteras, hay una historia, una familia, un futuro en busca de paz y oportunidades. La capacidad de adaptación de nuestras comunidades, como Tapachula o Comitán, demuestra que la integración es posible cuando hay voluntad.
Desde el Congreso Local, se ha lanzado un mensaje poderoso: legislar con humanismo. No se trata solo de crear leyes, sino de responder a la realidad con empatía y sentido social. En palabras del diputado Avendaño, “no debemos ver la migración como un problema, sino como una oportunidad para compartir conocimiento, trabajo y vida”. Es una afirmación que, más allá de la retórica, debe traducirse en políticas públicas sostenidas y con rostro humano.
Chiapas ha decidido mirar a la migración desde el respeto. Ha decidido construir desde la esperanza. Si el camino es largo, que lo sea también con dignidad. Porque un estado que respeta a quien llega, es también un estado que se respeta a sí mismo. La migración no se detendrá, pero sí puede ser transformada. En Chiapas, ya se están dando los primeros pasos para hacerlo realidad.
