En el contexto del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) revela un dato que obliga a mirar con más profundidad el fenómeno migratorio que atraviesa México: cuatro de cada diez personas que ingresan de forma irregular al país lo consideran su destino final. Esta cifra —que creció del 26% en 2023 al 41% en 2024— no solo refleja un cambio en las rutas migratorias, sino también un giro en las aspiraciones de quienes huyen de la violencia, la miseria o la persecución.
México ya no es solo una nación de paso. Para miles de personas provenientes de países como Cuba, Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, nuestro país representa una última oportunidad para reconstruir sus vidas. El 82% de los cubanos encuestados por ACNUR señaló a México como su destino final, seguido por el 64% de los haitianos y porcentajes similares en otros países centroamericanos. Esta transformación exige al Estado mexicano una respuesta integral, seria y humanitaria.
Pero el rostro del desplazamiento forzado es también el de la infancia migrante: un tercio de los encuestados son niñas, niños o adolescentes. Familias enteras, muchas huyendo del terror o del hambre, se embarcan en trayectos de extremo peligro. El 55% de las personas viajan en grupo familiar, lo que confirma que no se trata únicamente de una migración económica, sino de una huida desesperada y colectiva de realidades insoportables.
El informe de ACNUR es claro: el 53% fue víctima directa de violencia, amenazas o intimidación, y un 43% teme por la situación general de inseguridad en su país de origen. Más aún, tres de cada cuatro personas enfrentaría un riesgo significativo si regresara, lo que las convierte en candidatas legítimas para el reconocimiento del estatus de refugiadas bajo la ley mexicana.
Sin embargo, quienes logran llegar a México no lo hacen sin pagar un alto costo. En 2024, 58% de los migrantes y solicitantes de asilo reportaron haber sufrido algún incidente de seguridad antes de cruzar la frontera. Ya en suelo mexicano, el 40% indicó haber sido víctima de delitos como robo, extorsión, amenazas o incluso secuestro, una cifra que se eleva al 64% en la frontera norte. ¿Qué clase de refugio ofrece un país que, si bien es más seguro que el infierno del que escapan, también expone a los recién llegados a nuevas formas de violencia?
Ante este panorama, la responsabilidad del Estado mexicano no puede quedarse en el papel. Si México es hoy un país de destino, debe también convertirse en un país de acogida digno. El sistema de asilo debe fortalecerse, las rutas migratorias deben ser seguras y las instituciones deben garantizar protección y trato humano. No se trata solo de gestionar cifras, sino de salvar vidas.
Las personas refugiadas no huyen por elección, sino por necesidad. Y si México es ahora su esperanza, le corresponde a toda la sociedad —gobierno, instituciones y ciudadanía— convertir esa esperanza en una realidad justa y segura. Porque ser refugio no es una carga: es un acto de humanidad que nos define como país.
