Las recientes redadas ejecutadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California, particularmente en Santa Fe Springs, son una alarmante muestra del endurecimiento de las políticas antimigrantes en Estados Unidos, marcadas por un uso desproporcionado de la fuerza y un claro desprecio por la dignidad humana. La irrupción de agentes armados y enmascarados en un espacio público y pacífico —como fue el mercado de intercambio previo a un concierto— no solo genera miedo entre las comunidades migrantes, sino que representa una afrenta a los principios más elementales del derecho internacional y los derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido clara al señalar que las políticas migratorias deben ejecutarse con pleno respeto a los tratados internacionales suscritos por los Estados, incluida la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Las detenciones masivas, sin supervisión judicial adecuada ni transparencia, atentan contra el derecho a un debido proceso y colocan a miles de personas en una situación de indefensión jurídica y emocional.
Estas redadas, lejos de fortalecer la seguridad, alimentan la xenofobia, fragmentan familias y socavan el tejido social de comunidades enteras. Son actos que —más allá de su dudosa legalidad— niegan las contribuciones fundamentales de la población migrante al desarrollo económico, cultural y social de los Estados Unidos. Los millones de trabajadores migrantes, muchos de ellos mexicanos, han sostenido sectores clave de la economía estadounidense como la agricultura, la construcción, los servicios y la salud. Negar este aporte con acciones de persecución sistemática es una contradicción moral y política.
Frente a esta realidad, la red consular mexicana ha actuado con responsabilidad al emitir una serie de recomendaciones para proteger a nuestros connacionales, destacando que sin importar la condición migratoria, toda persona tiene derechos que deben ser respetados. Esta estrategia de protección, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, es una respuesta necesaria que debe fortalecerse con una defensa firme desde la diplomacia y la cooperación internacional.
Estados Unidos enfrenta hoy una encrucijada: puede optar por una política de inclusión basada en el respeto y la legalidad, o continuar por la vía del autoritarismo migratorio, socavando los principios fundacionales de su democracia. La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos no pueden permanecer indiferentes ante esta escalada represiva. Es momento de alzar la voz, no solo en solidaridad con quienes huyen de la pobreza y la violencia, sino en defensa de un orden mundial que no castigue la esperanza de una vida mejor.
