Habitantes de Simojovel bloquearon este lunes el tramo carretero Tuxtla-Chiapa de Corzo, para pedir sean escuchados en su petición de atención a caminos de dicho municipio, ante lo que dijeron “negativa del alcalde Gilberto Martínez Andrade para atenderlos por simpatizar con Morena”.
Durante varias horas, los inconformes impidieron el libre tránsito a cientos de vehículos que transitaban en ambos carriles, causando caos y afectando las actividades y los derechos de terceros. Para subir el tono de su protesta, quemaron llantas y provocaron una fuerte emisión de gases contaminantes cuya nube de humo pudo observarse desde diversos puntos de la capital del estado.
Con estas acciones, el grupo proveniente de Simojovel logro la apertura de una mesa de atención que de manera sensible fue encabezada por autoridades de la Secretaría de Gobierno, lográndose un acuerdo para levantar el citado bloqueo a cambio de una serie de peticiones que pasaron por alto los canales legales y fueron impuestas por la vía de la fuerza. ¡Hay que decir las cosas como son!
No obstante, este hecho refleja nuevamente que la falta de sensibilidad de los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Chiapas, abona al hartazgo social, a la inconformidad y la protesta ciudadana que termina, en algunos casos, en hechos violentos con consecuencias lamentables. Es reprobable que los representantes electos por el voto popular, se conduzcan bajo lineamientos partidistas para ejercicio de sus gobiernos y la implementación de programas y apoyos.
Independientemente de que las acciones realizadas por los inconformes no gozan de la aprobación de la sociedad, habría que reconocer que en muchos casos los ciudadanos se ven obligados a recurrir a este tipo de acciones para ser escuchados y atendidos.
Las autoridades correspondientes están obligadas a aplicar una vigilancia más estricta a los gobiernos municipales para asegurar que los derechos de sus gobernados no sean vulnerados. Deben de aplicarse sanciones más estrictas a aquellas alcaldesas y alcaldes que se vienen conduciendo fuera de la ley, desde los primeros días de sus administraciones.
Chiapas debe aspirar a consolidar un sistema democrático que acepte como punto de partida las necesidades y los reclamos de la gente, sus prioridades y necesidades y no los intereses político-partidistas de funcionarios y representantes populares. La Auditoria Superior del Estado debe también realizar una depuración interna para sancionar a aquellos auditores que lejos de cumplir con su misión institucional, terminan por confabular acuerdos soterrados para maquillar la corrupción y brindar impunidad a sus auditados.
