La convocatoria de la ministra presidenta Norma Piña Hernández para una sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte el 19 de agosto —a pesar de que el 12 estaba pautado como su cierre definitivo— no es solo un acto rutinario. Es una decisión cargada de simbolismo, política y tensión entre la continuidad institucional y la reconfiguración del sistema judicial.
Desde marzo, la reforma constitucional al Poder Judicial ha configurado elecciones extraordinarias para ocupar plazas en la Suprema Corte y en el Tribunal Electoral (TEPJF) con paridad de género; ese mecanismo, lanzado en 2024, representa una ruptura profunda con la tradición de designación cerrada y un reto directo al entramado político acumulado en el Poder Judicial. Según El País, México se convirtió así en el primer país en elegir por voto popular a sus jueces de primer nivel, favorecido por el capital político de Morena y un Congreso alineado con el Ejecutivo.
Ahora, solo unos días antes de la transición al nuevo Poder Judicial —con siete ministros salientes y solo tres elegidos para la nueva etapa—, la Corte se ve obligada a desahogar con urgencia dos asuntos: una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de Yucatán y las impugnaciones psicológicas e impugnaciones a la elección de magistrados electorales . Todo bajo la presión del calendario constitucional, que marca como tope el 28 de agosto.
En este contexto jurídico, las dudas no son solo sobre la legalidad de la sesión —ya reconocida por la propia SCJN — sino sobre su profundidad política. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la convocatoria desde Palacio Nacional, preguntándose si la Corte busca revertir decisiones o frenar la renovación judicial en la recta final de su mandato.
Si esto fuera solo un trámite técnico, no habría tanto ruido. Pero la tensión es real: el apoyo político del ministro Pérez Dayán a la reforma judicial —en un momento clave— reconfiguró alianzas dentro del tribunal . Y la forma en que la presidencia fue gestionada por Piña ha sido objeto de críticas por su falta de liderazgo, según análisis de El País.
Este episodio muestra un dilema institucional: ¿la sesión extraordinaria es una muestra de eficiencia jurídica o un intento coordinado de tomar decisiones estratégicas antes de que el nuevo Poder Judicial asuma el control? Si la Corte invalida la reforma de Yucatán o anula la elección de los magistrados del TEPJF, se estarían tomando decisiones que alteran el rumbo institucional del país desde el plenilunio más vulnerable de la Corte actual.
La próxima semana será definitiva. La responsabilidad de la Corte no solo será rendir justicia, sino preservar su legitimidad. Un fallo que valide las reformas será celebrado como victoria democrática por el oficialismo. Pero si la Suprema Corte actúa con independencia y confianza, repensará el juego político total al evidenciar que, incluso bajo presión política, la ley puede sostenerse.
No es política menor. No es la última sesión de una Corte cualquiera; es el punto de inflexión que determinará si el Poder Judicial se retira con dignidad o bajo sospecha de negociaciones políticas. Eso es lo que está en juego este 19 de agosto.
