La violencia en Ocozocoautla no es nueva, pero lo que presenciamos esta semana es una señal grave de alerta: no sólo están matando personas en las calles, también están intentando matar la verdad. Lo sucedido con el periodista José Omar Ruíz Salazar, agredido e intimidado por el director de la Policía Municipal, Claudio Uraje Espinosa, es parte de un patrón creciente y peligroso: la persecución sistemática contra quienes ejercen el periodismo en Chiapas, especialmente desde el poder municipal.
Ruíz Salazar no fue víctima de un hecho aislado. Fue el blanco de una agresión institucional, de un mensaje directo desde el poder: “no informes lo que incomoda”. Su único delito: documentar lo que las autoridades no quieren que se sepa. Y como él, decenas de comunicadores en los municipios del estado enfrentan cada semana amenazas veladas, hostigamiento digital, llamadas anónimas y campañas de desprestigio impulsadas por los propios gobiernos locales.
En muchos municipios de Chiapas, se ha instaurado una política de intimidación desde los ayuntamientos hacia la prensa. Se cierran espacios, se condicionan convenios, se fabrican rumores, se promueven linchamientos digitales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que encabeza Horacio Culebro Borrayas, no puede seguir simulando imparcialidad ante un clima de persecución evidente. El silencio institucional se está convirtiendo en complicidad.
Lo ocurrido en Coita no es un error aislado: es la expresión de una política pública no declarada, pero brutalmente real. Una política que ve en los periodistas no aliados un riesgo que hay que neutralizar. Hoy con gritos. Mañana con detenciones. Pasado, quizá, con balas.
El periodismo en Chiapas se está ejerciendo bajo fuego cruzado: por un lado, la violencia criminal; por otro, la violencia institucional. Y muchas veces, ambas se entrelazan. ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde la rendición de cuentas?
A quienes se esconden tras un uniforme o un escritorio para agredir a la prensa, les recuerdo: los periodistas no disparan armas, disparan verdades. Y eso es lo que más les duele. Pero si creen que silenciar a uno hará que dejemos de ver, están profundamente equivocados. Por cada voz que callan, muchas más se alzan.
La Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de investigar esta agresión con seriedad. No se trata solo de proteger a un reportero, sino de proteger el derecho de toda la ciudadanía a estar informada. Y el presidente municipal de Ocozocoautla, Francisco Chambe Morales, debe cesar de inmediato a Claudio Uraje Espinosa. No puede haber seguridad mientras se hostiga a quienes la documentan.
No hay paz posible si la libertad de prensa es el primer cadáver que se levanta cada mañana.
