Por si alguien aún tenía dudas, el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ha sido contundente: en Chiapas no hay espacio para la criminalidad, ni margen de negociación con grupos delictivos. La paz no se discute, no se condiciona, y mucho menos se suplica. Se garantiza con autoridad, decisión y valentía.
No hay tregua. No hay pactos. No hay ambigüedades. Punto.
El único compromiso visible y firme es con el pueblo chiapaneco: recuperar la tranquilidad, restablecer el estado de derecho y reconstruir el tejido social que durante años fue vulnerado por la violencia y la impunidad. «Los chiapanecos vivirán en paz», sentenció el mandatario estatal, luego del reciente enfrentamiento que culminó con la neutralización de cuatro presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado, a quienes se les responsabiliza del cobarde asesinato de cinco elementos de la Policía Estatal en Frontera Comalapa.
Lejos de titubear, el gobernador denunció abiertamente un hecho alarmante: la participación directa de elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala en apoyo a sicarios que pretendían ingresar a territorio mexicano. Los efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) lograron repeler este intento de incursión armada, dejando claro que en Chiapas no se permitirá más la violación de nuestra soberanía nacional.
“Es extremadamente grave que instituciones llamadas a proteger a su población estén ahora al servicio del crimen”, subrayó Ramírez Aguilar. Y no se equivocó. La complicidad institucional del lado guatemalteco no es solo un agravio a México, sino un reflejo de la descomposición que arrastra una región que merece otro destino. “Esperamos que la hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad”, añadió el gobernador, con el tono firme de quien no dejará pasar este tipo de agravios.
Eduardo Ramírez no habla desde la ignorancia ni desde el escritorio. Conoce a profundidad esta región fronteriza, pues es oriundo de Comitán de Domínguez, ciudad con profundas raíces comerciales y culturales con Guatemala. Su trayectoria no es menor: fue alcalde en dos ocasiones, secretario general de Gobierno y senador de la República. Lleva décadas observando cómo los grupos criminales aprovechan la porosidad de nuestra frontera sur para traficar armas, drogas, mercancías ilegales y, sobre todo, sufrimiento humano, en el éxodo interminable de migrantes hacia el norte.
La amenaza no es nueva. Desde hace años, grupos delictivos con base en Guatemala han cruzado impunemente nuestras fronteras, despojando, intimidando, desplazando y sometiendo a comunidades enteras en Chiapas. Zonas agrícolas prósperas, que alguna vez florecieron en paz, fueron convertidas en campos de batalla del crimen organizado. Pero eso está cambiando.
El operativo del domingo pasado marca un punto de inflexión. Elementos de seguridad actuaron con determinación, enfrentaron a un grupo armado mejor pertrechado y les cerraron el paso con valor. Este acto no solo evitó una nueva masacre, sino que envió un mensaje poderoso: Chiapas ya no será tierra de nadie. Las y los ciudadanos han respondido con reconocimiento y agradecimiento, como se ha visto en redes sociales, donde el respaldo al gobierno estatal ha sido claro y emotivo.
Sí, Guatemala es una nación hermana. Compartimos historia, raíces culturales y un espíritu común. Pero también es momento de decirlo con claridad: compartimos origen, pero no destino. Mientras en Chiapas se apuesta por el estado de derecho, en el país vecino, algunos sectores del poder parecen haber optado por rendirse o coludirse con la delincuencia.
Hoy Chiapas se levanta, con firmeza, con dignidad, con decisión. Se acabaron los tiempos de la impunidad disfrazada de tolerancia. La Nueva ERA llegó para quedarse, y su estandarte es la paz con justicia.
Porque en Chiapas, vivir en paz no es un sueño. Es un derecho. Y se va a cumplir.
