Hace unos días el gobierno Municipal de Berriozabal en manos del alcalde Jorge Acero, mandó a destruir las fichas de búsqueda de personas desaparecidas que un grupo de madres buscadoras colocó en los muros del edificio de la Presidencia Municipal.
Jorge Acero pasa por alto que la situación de las desapariciones forzadas en México es verdaderamente alarmante y ha alcanzado niveles críticos en los últimos 15 años, con más de 115 mil personas afectadas. La impunidad y la falta de acción efectiva por parte del gobierno mexicano han permitido que esta crisis humanitaria continúe sin control. El Comité contra la Desaparición Forzada ha documentado esta situación y ha constatado la incapacidad del Estado mexicano para atender sus recomendaciones, lo que es aún más preocupante.
Es importante destacar que la desaparición forzada no solo es un problema de seguridad, sino también un problema de derechos humanos. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición forzada como «la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado». Esto significa que la desaparición forzada es un delito grave que viola los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad y la seguridad personales.
Es fundamental que se tomen medidas urgentes y efectivas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas en México. El Comité contra la Desaparición Forzada ha recomendado al Estado mexicano que establezca un plan de retiro ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública, y que se garanticen los derechos humanos de las víctimas y sus familias. También se ha recomendado que se cree un mecanismo internacional de supervisión y seguimiento para asegurar que se cumplan las recomendaciones del Comité.
Además, es importante que se fortalezcan las instituciones y los mecanismos de justicia en México, para que se puedan investigar y sancionar efectivamente los casos de desaparición forzada. Esto incluye la creación de una fiscalía especializada en desapariciones forzadas, y la implementación de un sistema de registro y seguimiento de los casos de desaparición forzada.
Es hora de que se ponga fin a esta crisis humanitaria y se busque justicia para las víctimas y sus familias. Es hora de que se tomen medidas preventivas para evitar futuras desapariciones forzadas y se garantice la seguridad y la protección de todos los ciudadanos mexicanos. La comunidad internacional debe unirse para presionar al gobierno mexicano a tomar medidas reales y efectivas para erradicar las desapariciones forzadas y proteger los derechos humanos en México.
Especialistas y activistas consideran fundamental que se convoque a una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para abordar la situación de las desapariciones forzadas en México. Esto permitiría a la comunidad internacional tomar medidas concretas para presionar al gobierno mexicano a tomar medidas efectivas para erradicar las desapariciones forzadas y proteger los derechos humanos en México.
También es importante que se establezcan sanciones económicas y políticas si no se toman medidas efectivas para erradicar las desapariciones forzadas y proteger los derechos humanos en México.
Esto incluye la suspensión de la cooperación económica y militar con México, y la imposición de sanciones a los funcionarios mexicanos responsables de las desapariciones forzadas.
En resumen, la situación de las desapariciones forzadas en México es una crisis humanitaria que requiere una respuesta urgente y efectiva de la comunidad internacional. Es hora de que se ponga fin a esta crisis y se busque justicia para las víctimas y sus familias.
Es hora de que se tomen medidas preventivas para evitar futuras desapariciones forzadas y se garantice la seguridad y la protección de todos los ciudadanos mexicanos.
