Para que el Ejecutivo informe y “el pueblo de México sepa lo que estoy proponiendo”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, el gobierno de México iniciará una campaña de difusión entre la población sobre los beneficios de la reforma eléctrica; y que van a visitar todo el país, una vez que terminen los foros que se llevan a cabo en el Congreso de la Unión.
En una de las conferencias matutinas del año pasado, el mandatario Federal señaló que la iniciativa enviada al Congreso sería para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con el propósito de garantizar la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, “que no haya aumentos por encima de la inflación, como es nuestro compromiso, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas”; para tener control, de los precios de los energéticos y no afectar la economía popular.
Si traemos a colación que México se comprometió a cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde se propone garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, con la meta al 2030 de garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”, el escenario pareciera des validar el rol que debería desempeñar la energía como vía para reducir la pobreza y la armonía con el medio ambiente. A simple vista podría advertirse una ambigüedad, de impacto en el mejoramiento del desarrollo humano y sostenible de la población, esencia de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, la relación entre energía y desarrollo sostenible que plantea el gobierno de la Cuarta Transformación, si analizamos va más allá del hecho que un hogar disponga de electricidad y sus integrantes tengan acceso a los servicios de energía mínimos necesarios. La política energética de Obrador, aun cuando no apremia el desarrollo sostenible para los servicios de energía indispensables en los hogares, para mejorar el bienestar social de la población, sí asegura la recuperación de la soberanía energética; porque la propuesta del presidente, modificaría la Constitución para suprimir los organismos “autónomos” de regulación del sector, estableciendo como “área estratégica reservada en exclusiva a la Nación”, todas las actividades relacionadas con el sector eléctrico: generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento. De ser aprobada en esos términos, claro que se dotaría al Estado mexicano de una herramienta poderosa para recuperar la soberanía nacional, recobrando aunque sea parcialmente el espíritu del artículo 27 constitucional.
De acuerdo al periódico de corte clasista Transición, la propuesta gubernamental busca fortalecer a la CFE como empresa pública y con ello que el Estado deje de subsidiar y financiar las ganancias del sector privado. “Fiel al discurso anticorrupción se persigue que los contratos con las empresas privadas sean transparentes y que haya ética en los negocios, pero para ello es necesario que el Estado recupere la rectoría del sector eléctrico, para poner orden en el mercado parasitario abierto con la reforma de 2013.”
Debemos tener muy claro empero, que aun cuando la reforma energética de AMLO ha sido considerada la más radical que ha presentado su gobierno en los términos analizados, su accionar en la negociación ha sido también moderado en su concreción; y aunque además, la iniciativa de reforma cuente con el respaldo de millones, que de acuerdo a los sondeos la aprueban entre el 63 y 70 por ciento de los mexicanos, la voluntad popular no se refleja en las cámaras legislativas.
Habrá que recurrir a la manifestación pública, en la justa tradición histórica que posee el pueblo mexicano, si deseamos como lo han dicho los trabajadores del sector, recuperar la soberanía y los puntales del desarrollo nacional; como se dice, ponernos en guardia y actuar ya por un interés genuino, la renacionalización de la industria eléctrica. Las direcciones sindicales y los movimientos sociales deben, convocar a la movilización independiente por la aprobación de la propuesta presidencial, sin dudar y sin contarlo.
