¿Por qué tantas acusaciones? Mientras la vida de los rehenes, pende de un hilo
Qué está pasando, después que 16 trabajadores (tras ser liberadas las mujeres trabajadoras) que laboran en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, fueron secuestrados o desaparecidos por personas armadas la tarde del martes 27 de junio, en el tramo carretero Ocozocuautla-Tuxtla Gutiérrez en las inmediaciones del crucero Llano San Juan, para exigir al gobierno el cumplimiento de un par de peticiones.
Una gran mayoría afirma, que es una afrenta a los gobiernos estatal y federal, quienes hablan de un Chiapas seguro cuando en realidad no lo es; y es que el discurso oficial ha quedado evidenciado, cuando se habla de una presunta tranquilidad, cuando se afirma que la inseguridad ha bajado de manera importante y que somos el segundo Estado más seguro del país. Y porque la mesa de seguridad considera en su recuento, que los delitos con alto impacto van hacia la baja.
Contrariamente al informe oficial, tan sólo en los últimos siete días un ministerio público federal resultó baleado y su acompañante asesinada, después una pareja fue levantada y apareció descuartizada, posteriormente una pareja más ha sido sacada de su domicilio estando aún en calidad de desaparecida. Y lo más reciente, la intercepción para obtener como rehenes a 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que tanto ellos como sus familiares viven la angustia de una interminable pesadilla y de un enfrentamiento innecesario como infructuoso, que ha llegado al éxtasis de un ultimátum.
Sin duda no son hechos aislados, pues es evidencia clara de la gran descomposición que permea en las instituciones y que de manera general avanza como un fantasma en todos los niveles, en todas las instancias de la administración gubernamental; y que ahora, gravemente se presenta en el ámbito de la seguridad pública, que además de poner en riesgo la seguridad de las personas es una muestra de la impunidad que hay en nuestro Estado, de la mala impartición de justicia y de la pírrica actuación de las autoridades ante el avance desmesurado de la delincuencia organizada. Ésta, ha dado un golpe político al gobierno, poniéndolo sin duda en una posición de aviso, de grave peligro, de preocupante amenaza inmediata.
Viendo en perspectiva, por un lado está el ultimátum dirigido al gobierno, a quien le dieron a más tardar hasta las 23:00 horas del día del pasado miércoles para la liberación y entrega de Nayely Cynere como así fue leído por el vocero de los inconformes en un vídeo que circuló en las redes sociales, amén de la exigencia para que sean destituidos de sus cargos tres altos mandos policiales; ya que de lo contrario, el grupo armado advirtió seriamente en su comunicado que tomarán otras acciones, que hasta el momento no se han mostrado. Por otro lado, familiares de las víctimas inocentes continúan protestando para ejercer presión ante la indiferencia de las autoridades, para que éstas intercedan y eviten que las personas privadas de su libertad sean dañadas, para que sean entregadas sanas y salvas; sus caras reflejan, una incontenible aflicción, que ya no encuentran palabras para pedir ayuda.
No hay vuelta de hoja, el despido de funcionarios a quienes se les responsabiliza por la situación de inseguridad que se vive en Chiapas, no solamente debería proceder de inmediato y no por razones simplemente emocionales, sino porque está en juego la vida de 14 personas y porque aún sin hurgar a fondo a leguas se nota el mal desempeño de los encargados de la Seguridad Pública en Chiapas, corresponsables de las desapariciones y ejecuciones que se han venido dando durante mucho tiempo. Porque además, se han enriquecido ilícitamente y a costa del erario público; teniendo en su haber ranchos, carros de lujo, residencias y privilegios que ni en 100 vidas las personas que trabajamos honestamente podríamos tener.
Al mismo tiempo, la inoperancia de la Mesa de Seguridad nos hace concluir, que para encontrar soluciones tanto el Fiscal del Estado, la Comisaria de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaria de gobierno y el Delegado de la Fiscalía General de la república también deberían ser despedidos e investigados, porque en el encargo no han desempeñado cabalmente sus funciones y porque sus omisiones han puesto en riesgo la seguridad de muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro Estado.
Porque ya también las acusaciones están de más, toda vez que la vida de personas inocentes pende de un solo hilo y en cuanto éste se reviente sólo habrá un único responsable, el gobierno. Por eso mismo, los funcionarios de las demás dependencias deberían poner sus barbas a remojar, ya que la sociedad está harta de esperar los cambios que no llegan, de tanta corrupción, de la supuesta transformación que quizá aún se encuentra preparando su equipaje allá en el centro del país; mientras que en Chiapas, el pueblo y su gente arden entre balazos.
