García Villagrán fue interceptado por elementos federales y trasladado a instalaciones del Ministerio Público bajo cargos que hasta el momento no han sido oficialmente aclarados, aunque fuentes extraoficiales señalan presuntos señalamientos por “obstrucción de funciones públicas”, lo cual ha sido calificado por colectivos como un intento de criminalizar la defensa de derechos humanos
Chiapas Observa/Staff.- En un hecho que ha desatado indignación a nivel nacional e internacional, este martes fue detenido en Tapachula, Chiapas, el activista y defensor de derechos humanos Luis García Villagrán, reconocido por su labor con personas migrantes y por sus recientes denuncias públicas contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
García Villagrán fue interceptado por elementos federales y trasladado a instalaciones del Ministerio Público bajo cargos que hasta el momento no han sido oficialmente aclarados, aunque fuentes extraoficiales señalan presuntos señalamientos por “obstrucción de funciones públicas”, lo cual ha sido calificado por colectivos como un intento de criminalizar la defensa de derechos humanos.
El activista llevaba semanas denunciando presuntos actos de corrupción, extorsión y negligencia dentro del INM y la COMAR en Chiapas, señalando públicamente a mandos medios y altos de ambas instituciones por el manejo opaco de trámites, uso discrecional de recursos y retención arbitraria de solicitantes de refugio.
Sus señalamientos lo colocaron en el centro del debate migratorio nacional, en una región donde el control sobre las personas en tránsito suele ejercerse con opacidad y violencia institucional.
“Esto no es justicia, es venganza. Es un mensaje claro: en este país, defender los derechos humanos tiene un precio, y a veces, ese precio es tu libertad o tu vida”, denunció una de las colaboradoras de García Villagrán desde el Centro de Dignificación Humana, la organización que él dirige.
Organizaciones como el Centro Prodh, Amnistía Internacional México y el Servicio Jesuita a Migrantes han expresado su preocupación por la detención, exigiendo su liberación inmediata y garantías para su integridad personal.
El caso recuerda episodios similares en los que defensores de derechos humanos en el sur del país han sido blanco de campañas de desprestigio, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. Chiapas, en particular, es una de las entidades con más registros de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de acuerdo con el Mecanismo Federal de Protección.
Tapachula, convertida en punto neurálgico de contención migratoria por parte del Estado mexicano, se ha visto envuelta en repetidos escándalos por abusos de autoridad, hacinamiento en estaciones migratorias y demoras injustificadas en procesos de refugio. García Villagrán ha documentado estos hechos desde hace más de una década, acompañando a caravanas migrantes y ofreciendo asistencia legal y humanitaria a miles de personas en situación de movilidad.
“Tapachula no necesita más represión, necesita justicia. Esta detención busca silenciar a quienes levantan la voz por los que nadie escucha”, expresó un activista centroamericano durante una concentración realizada esta tarde frente a las oficinas del INM.
Diversos colectivos han convocado a acciones urgentes en redes sociales, ruedas de prensa y manifestaciones pacíficas en diferentes estados del país para exigir la liberación de Luis García Villagrán. También se ha hecho un llamado a la ONU y a la CIDH para que intervengan y soliciten medidas cautelares.
Hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha emitido información oficial sobre el estado legal del defensor, y su organización ha declarado que no ha tenido acceso pleno a sus abogados ni garantías básicas de debido proceso.
