Según reportes de clínicas comunitarias y redes de atención médica, muchos migrantes evitan buscar atención médica incluso en casos urgentes, ante el temor de que sus datos puedan ser compartidos con agentes de inmigración. Esta situación se ha agudizado desde que aumentaron los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espacios públicos y zonas residenciales
Chiapas Observa/Staff.- Miles de migrantes en situación irregular han dejado de acudir a hospitales y centros de salud en la ciudad de Los Ángeles, por temor a ser detenidos por autoridades migratorias. Esta preocupante tendencia ha sido documentada por organizaciones defensoras de derechos humanos y personal médico, quienes alertan sobre un creciente problema de salud pública en comunidades vulnerables.
Según reportes de clínicas comunitarias y redes de atención médica, muchos migrantes evitan buscar atención médica incluso en casos urgentes, ante el temor de que sus datos puedan ser compartidos con agentes de inmigración. Esta situación se ha agudizado desde que aumentaron los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espacios públicos y zonas residenciales.
«Tenemos pacientes con enfermedades crónicas que han interrumpido sus tratamientos por miedo. Otros llegan en condiciones críticas después de evitar durante días ir al hospital», declaró la doctora Mariela González, voluntaria en una clínica del este de Los Ángeles.
A pesar de que las leyes federales protegen la privacidad médica bajo la Ley HIPAA, y de que las instituciones de salud pública no están obligadas a reportar a pacientes indocumentados, la percepción de riesgo persiste entre la comunidad migrante.
Diversas organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes) han iniciado campañas informativas para recordar que los hospitales son considerados espacios seguros, donde no se permite el ingreso de ICE sin una orden judicial.
«El miedo está afectando el acceso básico a la salud. Es una forma indirecta de violencia institucional», señaló Jorge Martínez, portavoz de CHIRLA.
Especialistas advierten que esta situación puede tener efectos graves, no solo para los migrantes sino para la salud pública en general, al aumentar el riesgo de propagación de enfermedades no tratadas y complicaciones médicas.
Los llamados para que las autoridades locales garanticen zonas libres de vigilancia migratoria se multiplican, mientras que líderes comunitarios exigen mayor claridad en los protocolos de atención y protección para personas en situación migratoria irregular.
