El oro azul del sureste: el potencial hídrico que México ignora. 125 mil millones de metros cúbicos de agua se viertan al mar año tras año sin uso alguno, explica Óscar Orantes López, ingeniero jubilado de la Conagua con más de tres décadas de experiencia técnica en hidrología, calidad del agua y planeación hidráulica
Chiapas Observa/Staff.- En los archivos de la burocracia federal duerme un documento que podría transformar el destino agrícola y económico del país. Se trata del oficio BOO.02.-0114, fechado el 26 de enero de 2005, en el que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el desperdicio sistemático del potencial hídrico del sureste mexicano, especialmente en la región Grijalva-Usumacinta.
«Se están enviando señales incorrectas de mercado a todos los agentes económicos», señala el oficio, al denunciar que los precios por derechos de agua no reflejan la abundancia real del recurso y, por tanto, desincentivan la inversión privada, la competitividad y el desarrollo económico de la región.
La región hidrológica Grijalva-Usumacinta, que abarca zonas estratégicas de Chiapas y Tabasco, concentra el 33% de las aguas superficiales de todo México, sin contar sus acuíferos subterráneos subexplotados. Sin embargo, más de 125 mil millones de metros cúbicos de esta agua dulce se vierten cada año directamente al Golfo de México, sin aprovechamiento agrícola, industrial o humano.
“Eso es como tirar a la basura, cada año, el equivalente al triple de lo que almacenan las 100 presas más grandes del país”, explica Óscar Orantes López, ingeniero jubilado de la Conagua con más de tres décadas de experiencia técnica en hidrología, calidad del agua y planeación hidráulica.
En un reportaje publicado por la Agencia de información, migración y derechos humanos «Nómada Press», es especialista sostiene que la región cuenta también con más de 500 mil hectáreas de tierras de temporal con calidad agrológica ideal para cultivos de alto rendimiento. Estos terrenos fueron identificados por la extinta Comisión del Río Grijalva, pero sus proyectos se mantienen en el olvido administrativo.
“El agua está. La tierra está. Lo que falta es voluntad y visión”, denuncia Orantes. Según el experto, reactivar estos planes permitiría producir alimentos a bajo costo, garantizar la seguridad alimentaria del país, reducir la dependencia de importaciones, y frenar el éxodo de campesinos chiapanecos al norte de México y Estados Unidos.
Presas subutilizadas, pozos vedados
A pesar de contar con las presas Netzahualcóyotl (Malpaso) y La Angostura, cuya capacidad de almacenamiento conjunta alcanza más de 20 mil hectómetros cúbicos, estos recursos hídricos no se aprovechan de forma estratégica para el riego tecnificado, especialmente durante las temporadas de estiaje.
“Comparadas con la suma de volúmenes de las 100 presas más grandes de México, sólo estas dos presas del sureste representan el 20% del NAMO y el 34% del NAME del país”, precisa Orantes.
Además, el potencial de las aguas subterráneas, decretadas bajo veda, permanece inutilizado pese a no estar en condición crítica ni sobreexplotación.
En 2007, durante una reunión de trabajo entre Conagua y la NASA en Puerto Vallarta, a la que asistió Orantes como representante del Organismo de Cuenca Frontera Sur, se discutieron los efectos del cambio climático en los patrones hídricos de México. El diagnóstico fue claro: el sur sureste tiene el mayor potencial de resiliencia hídrica del país. “El futuro de México está en Chiapas”, asegura Orantes, al advertir que el país debe prepararse ante escenarios crecientes de sequía, desertificación y escasez alimentaria en otras regiones del norte.
Por su parte, «Nómada Press» advierte que «el derecho humano al agua está reconocido por la ONU desde 2010 como el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. En México, este derecho está consagrado en el Artículo 4° Constitucional. Cuando se permite que 125 mil millones de metros cúbicos de agua se viertan al mar sin uso alguno, mientras comunidades rurales y urbanas del mismo país carecen de agua potable, se configura una violación estructural del derecho humano al agua por omisión del Estado. Además: Las aguas subterráneas vedadas y no utilizadas en zonas con escasez refuerzan un patrón de exclusión que afecta especialmente a poblaciones indígenas y rurales del sur del país».
