Organizaciones sociales del municipio acusan a Chiu López de encabezar un gobierno autoritario, donde las decisiones se toman sin consulta y se benefician a empresas allegadas
Chiapas Observa/Staff.- A pesar de presumir un respaldo total por parte del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la gestión de la alcaldesa de Jiquipilas, Yanet Janet Chiu López, ha sido duramente cuestionada por ciudadanos, activistas y exfuncionarios municipales, quienes denuncian un patrón sostenido de abuso de autoridad, opacidad administrativa y represión laboral.
En julio de 2024, trabajadores despedidos injustificadamente se manifestaron y tomaron las instalaciones del Ayuntamiento. Denunciaron pagos atrasados y presiones políticas como causa de su despido. “Me corrieron por no apoyar al partido de la alcaldesa. Nos deben hasta tres quincenas”, denunció un exempleado durante la protesta.
A ello se suman múltiples quejas por la mala calidad en obras públicas. Habitantes de colonias como Juan Sabines reportan que los techados y domos entregados por la actual administración se encuentran en condiciones precarias o fueron abandonados. “Las obras no duran ni seis meses. Puro engaño”, señaló un vecino en entrevista.
Organizaciones sociales del municipio acusan a Chiu López de encabezar un gobierno autoritario, donde las decisiones se toman sin consulta y se benefician a empresas allegadas. “No hay licitaciones públicas, todo se decide entre amigos y en lo oscurito”, acusó un integrante del comité ciudadano de vigilancia.
A pesar de estas denuncias, la alcaldesa ha mantenido una alta presencia en eventos del gobierno estatal, lo que ha alimentado la percepción de que actúa con protección política e impunidad. En actos recientes, ha sido vista acompañando al gobernador en programas de campo y medio ambiente, lo que, según voces locales, “sirve más para reforzar su imagen que para resolver los problemas del pueblo”.
El marco jurídico local establece que el abuso de autoridad —incluyendo el uso discrecional del poder, represalias laborales, y la omisión de mecanismos de transparencia— está prohibido por el artículo 121 de la Constitución del Estado de Chiapas. Sin embargo, hasta el momento no se han iniciado investigaciones formales contra la edil.
La ciudadanía exige al Congreso del Estado, a la Auditoría Superior y a la Fiscalía Anticorrupción, que intervengan de forma inmediata para revisar los contratos municipales, los despidos masivos y la legalidad de las obras ejecutadas.
“Queremos un gobierno que sirva al pueblo, no que se esconda detrás del poder”, concluyó una ciudadana durante una reunión vecinal.
