Un ciudadanooriginario de la colonia Nueva Palestina habría entregado 500 pesos al fiscal Miguel Ángel Solana Gordillo por instrucciones del comisariado ejidal Artemio Cruz Vante, en un acto de presunta extorsión encubierta como «ayuda legal». La esposa de otro involucrado fue discriminada al intentar acceder a la justicia. El caso expone una red de corrupción e impunidad entre autoridades locales y coincide con la propuesta presidencial de perseguir por oficio el delito de extorsión
Chiapas Observa/Staff.- Con 500 pesos en la mano y el miedo grabado en la voz, un ciudadano se presentó ante la Agencia del Ministerio Público de Jiquipilas para entregar el dinero al fiscal Miguel Ángel Solana Gordillo. No lo hacía por voluntad ni por generosidad. Lo hacía por miedo y bajo instrucciones directas del Comisariado Ejidal de la colonia Nueva Palestina, Artemio Cruz Vante, quien días antes le advirtió que enfrentaba un proceso judicial derivado de un percance vial.
“Que le diga que va de parte mía”, le habría dicho Cruz Vante por teléfono a un familiar del afectado. “Y que le dejé 500 pesos para que pueda comenzar a ayudarlo”, añadió. La promesa: que el fiscal “arreglaría” la situación legal. La realidad: una cadena de extorsión, abuso de poder y corrupción institucional encubierta por el silencio.
El caso se complica cuando se conoce el papel de Fabiola “N”, esposa de uno de los involucrados en el accidente. Ella acudió días antes a la oficina del Ministerio Público de Jiiquipilas, dependiente de la Fiscalía de Distrito Centro, para solicitar información y apoyo ante la incertidumbre legal de su pareja. La respuesta fue una negativa sistemática. Según testimonios, fue despreciada por su condición humilde y género, situación que vulnera sus derechos constitucionales.
Gracias al respaldo de un defensor de derechos humanos, el fiscal Miguel Ángel Solana Gordillo aceptó a regañadientes una denuncia por escrito, misma que hasta la fecha permanece sin trámite ni seguimiento, convirtiéndose en un documento más archivado en la gaveta de una oficina que opera bajo la sombra de la impunidad.
Una corrupción “menor” con implicaciones mayores. Aunque el monto de la transacción -500 pesos- podría parecer insignificante, lo que revela es una estructura institucional de corrupción cotidiana, donde los servidores públicos no actúan conforme a la ley, sino bajo intereses particulares y acuerdos de poder informal.
El Artículo 390 del Código Penal Federal tipifica claramente el delito de extorsión, sancionándolo con penas de dos a ocho años de prisión y de cien a quinientos días de multa. Las sanciones aumentan cuando intervienen servidores públicos o cuando la extorsión se realiza mediante amenazas o intimidaciones, como ocurrió en este caso.
Para el activista Juan Ranulfo Ruiz, presidente del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Jacinto Canek, lo sucedido en Jiquipilas representa un “doble acto de corrupción”:
1. El primero, al negarle a Fabiola «N» el derecho al acceso a la justicia.
2. El segundo, al intimidar y extorsionar a un ciudadano a través de un acuerdo informal entre una autoridad comunitaria y un fiscal del Estado.
“Ambos son víctimas de una corrupción estructural donde las instituciones no protegen, sino persiguen selectivamente. El Estado ha fallado en sus funciones más básicas”, denunció Ruiz.
Este tipo de casos podrían no quedar más en la impunidad si se concreta la propuesta legislativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recientemente planteó una reforma para que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal.
La iniciativa surge como respuesta al creciente número de casos en los que el miedo, la intimidación o la desconfianza institucional impiden que las víctimas formalicen sus denuncias. De aprobarse, permitiría a las fiscalías actuar con mayor autonomía y obligaría a los servidores públicos a responder ante hechos de corrupción como los que hoy siguen ocurriendo en municipios como Jiquipilas.
Mientras tanto, Miguel Ángel Solana Gordillo continúa en funciones. Artemio Cruz Vante sigue ostentando poder en su comunidad. Y los 500 pesos entregados por un ciudadano atemorizado siguen siendo la prueba de que en algunos municipios, muchas veces, la justicia no tiene precio… pero sí tarifa.
