La llegada de Altúzar Galindo representa una oportunidad para limpiar la imagen de un organismo que perdió legitimidad, especialmente entre jóvenes deportistas, entrenadoras y víctimas de irreparables violaciones a sus derechos humanos. Durante el sexenio pasado, se documentaron públicamente varias denuncias por hostigamiento y acoso sexual laboral. El presunto feminicidio de la niña Jade Guadalupe dentro las instalaciones de este instituto, es una llaga de impunidad que aún sangra
Chiapas Observa/Staff.– Bastó que las denuncias por acoso sexual en contra del exdirector del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), Adonaí Sánchez Osorio, fuera exhibido por los medios de comunicación para que el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar tomara cartas en el asunto. Este martes, Fernando Bermúdez Velasco, jefe de la Oficina de la Gubernatura, tomó protesta a Bárbara Altúzar Galindo como nueva titular del organismo.
Con formación en Administración de Empresas y experiencia tanto en el servicio público como en la promoción cultural y deportiva, Altúzar ha encabezado iniciativas como Deporte al Límite y la asociación civil Llénate de Chiapas, además de su paso como regidora del Ayuntamiento capitalino.
Sin embargo, el relevo también trae al presente las omisiones y complicidades que marcaron la gestión pasada en Indeporte, durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, donde Tania Robles Velázquez —quien permaneció en el cargo desde 2018— fue señalada en diversas ocasiones por presunta protección a acosadores sexuales dentro del organismo y por la revictimización de trabajadoras y atletas que denunciaron abusos.
Durante ese periodo, se documentaron públicamente varias denuncias por hostigamiento y acoso sexual laboral, principalmente en instalaciones deportivas y en oficinas del Indeporte. Las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes atletas, señalaron la pasividad institucional, la negación del problema y, en algunos casos, represalias laborales. Organizaciones civiles exigieron entonces la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Fiscalía de la Mujer, sin que existieran sanciones visibles ni ceses inmediatos a los agresores señalados.
A pesar de estas denuncias, Robles Velázquez gozó de protección política y mediática, conservando su cargo hasta el final del sexenio. Su nombre incluso figuró en actos públicos y campañas institucionales mientras las voces de víctimas eran silenciadas o desestimadas.
El nombramiento de Altúzar Galindo representa, por tanto, una oportunidad para limpiar la imagen de un organismo que perdió legitimidad, especialmente entre jóvenes deportistas, entrenadoras y víctimas de irreparables violaciones a sus derechos humanos. También representa un reto institucional: restaurar la confianza, establecer protocolos de prevención contra la violencia de género, y demostrar que en el nuevo gobierno no habrá espacio para la impunidad.
