Revelaciones en una corte de EE.UU. exponen cómo el crimen organizado se infiltró en sistemas de videovigilancia del gobierno mexicano
Chiapas Observa/Staff.- El Cártel de Sinaloa utilizó sistemas de videovigilancia del gobierno mexicano para identificar, localizar y ejecutar a informantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), según documentos judiciales revelados recientemente por autoridades estadounidenses.
La información fue expuesta durante el juicio en una corte federal en Chicago, donde fiscales estadounidenses presentaron evidencia de que miembros del poderoso cártel accedieron de manera ilegal —o con complicidad interna— a las cámaras del gobierno para rastrear los movimientos de al menos dos colaboradores del FBI.
Las revelaciones, de acuerdo con el reporte judicial, muestran una preocupante penetración del crimen organizado en estructuras gubernamentales y la vulnerabilidad de las tecnologías de seguridad que, en teoría, deberían proteger a la ciudadanía y a las instituciones.
“Se trata de un caso sin precedentes que pone en evidencia la forma en que el narcotráfico ha logrado corromper áreas sensibles del aparato estatal en México”, declaró uno de los fiscales durante el proceso. También se señaló que los informantes asesinados formaban parte de una operación encubierta para rastrear flujos de armas y dinero entre Estados Unidos y México.
Las cámaras utilizadas pertenecían a una red de videovigilancia instalada en zonas clave del noroeste del país, incluidas ciudades como Culiacán, Mazatlán y otras localidades con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa. Aunque las autoridades mexicanas aún no emiten una declaración oficial, medios locales ya reportan una investigación interna sobre el posible uso ilícito de los sistemas de seguridad pública.
Diversos analistas han advertido que este caso podría marcar un parteaguas en la cooperación bilateral en materia de inteligencia y seguridad. “Si el gobierno mexicano no puede garantizar el resguardo de sus propios sistemas, es muy difícil que agentes internacionales confíen en operaciones conjuntas”, apuntó un exagente de la DEA.
En tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el grado de impunidad y la falta de controles internos que permiten estos actos. «No es sólo una falla técnica, es una evidencia de colusión institucional con grupos criminales», sostuvo un vocero del Centro Prodh.
El gobierno de Estados Unidos no ha detallado cuántos casos de filtración se han registrado, pero advirtió que continuará investigando cualquier posible colaboración entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales.
