El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves nuevas medidas que restringen el otorgamiento de visas a familiares y colaboradores de cabecillas del narcotráfico, como parte de una estrategia para atacar las redes de apoyo que sostienen a las organizaciones criminales trasnacionales
Chiapas Observa/Staff.- El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de restricciones migratorias dirigidas contra familiares cercanos y colaboradores de líderes de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. La medida busca cerrar los canales de impunidad y presión indirectamente a los principales responsables al sancionar también a sus redes de apoyo.
El Departamento de Estado precisó que estas restricciones de visa aplicarán a cónyuges, hijos y otros familiares directos, así como a personas que brindan apoyo logístico, financiero o de encubrimiento a los cabecillas del narcotráfico. “No permitiremos que quienes facilitan o se benefician de estas actividades ilícitas encuentren refugio en nuestro país”, señaló el vocero de la agencia.
La política forma parte de los esfuerzos más amplios de Estados Unidos para combatir el narcotráfico internacional, especialmente en un contexto donde el fentanilo y otras drogas sintéticas han causado una crisis de salud pública sin precedentes. Tan solo en 2023, más de 100 mil personas murieron por sobredosis en ese país, muchas vinculadas a opioides ilícitos producidos y traficados desde el extranjero.
Esta decisión se suma a la lista de sanciones económicas, bloqueos financieros y colaboraciones bilaterales con países como México, Colombia y otros de Centroamérica, donde operan redes delictivas con amplio poder económico, territorial y político. El objetivo es desmantelar no solo las operaciones criminales, sino también los entornos que permiten su persistencia.
Expertos en seguridad y migración han señalado que estas medidas pueden tener un impacto disuasorio limitado si no van acompañadas de reformas judiciales y cooperación transnacional efectiva. “Endurecer las restricciones es un paso, pero no sustituye la necesidad de atacar la raíz de la impunidad y fortalecer los sistemas de justicia locales”, advirtió Cecilia Farfán, investigadora en crimen organizado.
Por su parte, algunos sectores han mostrado preocupación por la posibilidad de que estas restricciones afecten a personas no involucradas directamente con actividades ilícitas, al considerar que el criterio de “colaboración” puede ser amplio y ambiguo en ciertos casos. Grupos defensores de derechos humanos han solicitado transparencia en los procesos de evaluación y apelación de estas decisiones.
El gobierno estadounidense reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso para proteger la seguridad nacional y debilitar las estructuras que sostienen al crimen organizado. “No solo perseguimos a los narcotraficantes, también a quienes les dan cobertura, legitimidad o los ayudan a lavar sus ganancias”, concluyó el comunicado oficial.
