Las cuentas involucradas estarían ligadas a un grupo de desertores de Morena no favorecidos con candidaturas locales en el proceso electoral del pasado 2024, ahora alineados a Movimiento Ciudadano, bajo el presunto auspicio de Horacio Culebro Borrayas, actual presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien mantiene una guerra vedada en contra de la Fiscalía General del Estado
Chiapas Observa/Staff.– Una red coordinada de perfiles falsos en redes sociales, páginas anónimas y campañas de difamación digital ha sido puesta al descubierto en Chiapas, tras detectarse el uso sistemático de plataformas electrónicas para atacar a periodistas, mujeres funcionarias y servidores públicos. Las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, revelan una trama que combina extorsión, violencia política y manipulación mediática.
Uno de los casos más preocupantes es la creación del perfil restringido en Facebook denominado José María Pino Suárez, registrado el pasado 9 de mayo, cuya actividad se ha centrado exclusivamente en lanzar ataques contra el periodista Ángel Yuing Sánchez, subdirector de información del portal Chiapas Observa. El acoso digital incluye acusaciones infundadas, incitación al odio y señalamientos que podrían configurar delitos como daño moral, violencia política y ataques a la libertad de expresión.
La situación tomó un giro aún más preocupante ayer lunes 16 de junio, cuando apareció en redes sociales la página «Notivergas», identificada como parte del mismo entramado de agresión digital. En ella se difundieron contenidos con lenguaje misógino y calumnioso contra una funcionaria del Sistema Estatal de Protección Civil, así como acusaciones sin fundamento contra el titular de dicha dependencia, Mauricio Cordero, quien fue blanco de rumores infundados y ataques personales. Dichas publicaciones no solo constituyen un ataque directo al honor, sino también una forma de violencia política de género, penada por la ley.
Las evidencias obtenidas por Chiapas Observa señalan que las cuentas involucradas estarían ligadas a un grupo de desertores de Morena no favorecidos con candidaturas locales en el proceso electoral del pasado 2024, ahora alineados a Movimiento Ciudadano, bajo el presunto auspicio de Horacio Culebro Borrayas, actual presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien mantiene una guerra vedada en contra de la Fiscalía General del Estado, luego de que siendo Notario Público, fuera detenido en 2019 por delitos como fraude específico, falsificación de documentos y asociación delictuosa, situación por la cual ha sostenido una actitud hostil hacia el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, a quien acusa de su persecución. Según testimoniales, su respaldo a estas operaciones digitales respondería a una agenda revanchista y de desestabilización institucional.
Esta red es también responsable de los ataques orquestados en contra de la periodista Lucía Cruz, desde el remedo de página: «Chismes Observa» , la cual ya es investigada por las autoridades correspondientes.
«Reforma en el Congreso busca frenar violencia mediática digital»
Ante el aumento de estos casos de difamación orquestada desde perfiles anónimos y medios electrónicos sin acreditación periodística, diversos legisladores han impulsado una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que busca regular el uso de contenidos en medios digitales. Esta reforma pretende identificar y sancionar a quienes, bajo la fachada de libertad de expresión, promueven el odio, la misoginia, la calumnia y la violencia política.
El objetivo es claro: impedir que los medios digitales se conviertan en instrumentos de agresión contra periodistas, mujeres y funcionarios públicos, utilizados por actores que pretenden manipular la opinión pública para alcanzar intereses políticos y personales de corte mezquino.
La reforma, además de proteger la integridad de las personas afectadas, pretende establecer mecanismos claros para la identificación de responsables detrás de campañas de difamación con uso de inteligencia artificial y redes sociales automatizadas.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han manifestado su respaldo a la regulación, que no busca limitar el derecho a la información, sino garantizar que este se ejerza con responsabilidad, ética y transparencia.
