El presidente de Bolivia, Luis Arce, nombró esta semana en la sede del Ejecutivo a nuevos comandantes del Ejército boliviano, para restablecer el orden en medio de un movimiento militar que calificó de “golpe de Estado” por parte de Juan José Zuñiga, quien era oficialmente el comandante general antes de ser sustituido y capturado.

En un intento de Golpe de Estado, el comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zuñiga, quien encabezó un grupo militar y pretendió “cambiar el Gabinete de Gobierno”, dijo querer liberar a todos los presos políticos, -entre ellos a la expresidenta interina Jeanine Añez, quien rechazó la ayuda- y para restablecer la democracia en el país. Jeanine Añez repudió la irregular movilización de militares que buscan “destruir el orden constitucional” y pidió al presidente boliviano, Luis Arce, y al exmandatario Evo Morales irse por medio del voto en las elecciones de 2025.

En este contexto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente Evo Morales, hicieron sendos llamamientos a sus seguidores y ciudadanos a “movilizarse” para defender la democracia, de lo que ambos consideraron un “golpe de Estado” militar, por parte del comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zuñiga. Evo Morales expresó a través de sus redes sociales, que además del nombramiento de nuevos generales militares, el gobierno de Bolivia debe proceder penalmente de inmediato contra el general Juan José Zuñiga y el equipo que lo acompañó en la intervención al Palacio de Gobierno.

Algunos analistas señalan, que hay muy poca claridad ahora en saber si era un intento de golpe de Estado o llamativamente un show montado por el propio gobierno. Gerardo Lissardy sostiene, que quien hace el supuesto golpe, era el militar más obsecuente con el presidente Arce y dijo en días anteriores que apresaría a Evo Morales si este insiste en candidatearse a la presidencia. Pero Arce lo destituyó, aunque Zúñiga siguió en funciones y llevó tanquetas a la plaza Murillo.

Desde luego que han surgido sospechas, toda vez que no fue cortada la comunicación del Palacio de Gobierno ni del Legislativo, entre otras observaciones muy evidentes. Y que también este desafío ha sido considerado un intento aislado de golpe de Estado, por un grupo reducido de individuos de las fuerzas armadas del país bolivariano, que intentó tomar el control del gobierno de manera ilegítima y no democrática; intento que careció, del respaldo suficiente dentro de las instituciones estatales, la sociedad civil y la comunidad internacional. Y que no ha contado con un amplio apoyo ni una base sólida para llevar a cabo una transición efectiva del poder, fracasando rápidamente por falta de coordinación, respaldo popular, legitimidad legal y legitimidad internacional.

A nuestro juicio, existe una real fragilidad de las instituciones y existen síntomas muy claros de la grave crisis que atraviesa la democracia no solamente en Bolivia sino en los países de América Latina. La inestabilidad del orden institucional, parece haber dado como resultado un intento aislado y fallido de golpe de Estado, con graves consecuencias negativas, como generar inestabilidad política, socavar aún más la confianza en las instituciones y provocar tensiones sociales.

Desde una perspectiva democrática e institucional, el intento aislado de golpe de Estado ha sido rechazado por considerarse una amenaza a la estabilidad democrática y al estado de derecho; y porque ha puesto en peligro, la integridad y la autoridad de las instituciones democráticas, debilitando sin lugar a dudas al sistema político en su conjunto. El Impacto en las relaciones internacionales ha sido bastante significativo. Y abre la posibilidad, de violaciones a los derechos humanos, represión y persecución de los opositores políticos. En última instancia, la superación de la crisis democrática en Bolivia requerirá de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad para restaurar la confianza en las instituciones, fortalecer el estado de derecho y garantizar un ambiente político estable y pluralista.

Será importante, fomentar la inclusión y la participación de todos los actores relevantes en la búsqueda de acuerdos, para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas en Bolivia, incluidos los presos políticos y los opositores. Y necesario evitar, cualquier forma de represión o persecución que pueda surgir como consecuencia de la crisis política. Y buscar el respaldo y la mediación de la comunidad internacional, para contribuir a la estabilidad y la normalización de la situación en ese país del continente americano, de la que en México no somos extraños.

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