Aún cuando el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Luis Rodríguez Bucio, afirmó que se aumentó el número de elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional desplegados en Chiapas, representantes de la iglesia católica acusaron en un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas de ser cómplices e indiferentes ante la situación de violencia que desde hace dos años priva en municipios y comunidades de la Sierra Madre y de ordenar al Ejército Mexicano y Guardia Nacional de no intervenir para proteger a la población.
Los obispos y sacerdotes hicieron un llamado urgente al gobierno federal y del estado para que se restablezca el estado de derecho en los municipios de la Sierra de Chiapas, frontera con Guatemala; donde de acuerdo al periódico El Universal, se registran enfrentamientos entre cárteles que se disputan el control del territorio para traficar droga, armas y migrantes. Lo que ha provocado derramamiento de sangre, terror entre la población y desplazamiento forzado de los habitantes.
Por ello recientemente, el exmandatario estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, aseguró en una entrevista a Fox News transmitida el pasado martes por la noche, que los cárteles del narcotráfico manejan a México, lo tienen paralizado y podrían quitar a un presidente en dos minutos. Tal es el impacto y la magnitud entre la población, que en este mismo sentido la vocera del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, Delia Quiroa, decidió pedir el apoyo del crimen organizado para liberar a un profesor secuestrado en Reynosa, Tamaulipas.
Mientras tanto en Guatemala, a raíz del fenómeno migratorio donde personas mexicanas se han trasladado a territorio guatemalteco, el tercer comandante de la quinta brigada de infantería informó que se inició un refuerzo con el segundo batallón y, en horas de la madrugada, también se movilizaron 100 elementos más, para evitar que ingresen a su país grupos armados al servicio del narcotráfico.
La situación de alarma en Chiapas patentiza la gravedad de las condiciones que atraviesa la población y plantea la necesidad urgente de intervención gubernamental para restaurar la paz y seguridad en la región. Las denuncias y declaraciones resaltan la complejidad del escenario y la importancia de abordar de manera eficaz la violencia exacerbada que prevalece en casi todo Chiapas y especialmente en la zona fronteriza.
Ante la presión y denuncias públicas, es necesario que las autoridades aumenten sus esfuerzos para combatir la violencia en Chiapas y restablecer el estado de derecho, reforzando las operaciones militares y de seguridad en la región. El gobierno federal y estatal deben responder a las acusaciones de complicidad e indiferencia con acciones concretas, como el despliegue de más recursos, implementación de estrategias de seguridad específicas y diálogo con líderes religiosos, comunitarios y de las organizaciones civiles.
Es fundamental que el gobierno federal y estatal establezcan un diálogo constructivo con dichos sectores, para comprender mejor la situación en Chiapas y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. Las autoridades deben desarrollar e implementar estrategias integrales que aborden no solo la seguridad, sino también las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social en las comunidades afectadas. Porque si bien es necesario aumentar la presencia policial en la región y mejorar la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad, también se requiere implementar un enfoque integral que combine medidas de seguridad con acciones orientadas al desarrollo social y la construcción de la paz, para no dejar a Chiapas en el olvido y no esperar fuertes llamados como los que ahora se hacen.