En medio de la resistencia y el rechazo de la oposición, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado en la Ciudad de México, dictaminaron la minuta con proyecto de decreto, que da paso a la reforma del Poder Judicial de la Federación para su discusión ante el pleno.
Como se sabe la propuesta contempla entre otros puntos, la reducción de 11 a 9 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la eliminación de sus dos salas, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, la instauración de ‘jueces sin rostro’ para quienes llevan casos de narco-terrorismo y la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, eliminando la llamada Carrera Judicial.
Esta propuesta ha generado rechazo, principalmente entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes ya llevan dos semanas en paro de labores; pero también, entre ciudadanos, estudiantes, exalumnos y profesores de Derecho de reconocidas instituciones de educación superior, los cuales se han organizado para marchar y emitir pronunciamientos.
De ser aprobada por el Senado, pese a las diversas manifestaciones que se han dado en todo el país contra dicha reforma, ésta se enviaría de inmediato a los Congresos Estatales, donde al menos 17 de ellos tendrían que avalarla para que pueda ser promulgada.
Si bien la propuesta de reforma judicial plantea cambios significativos en la estructura y funcionamiento del sistema de justicia, como la democratización y mayor control en el sistema judicial, la propuesta de reforma (empero) ha generado el rechazo y resistencia entre distintos sectores, que pueden ser indicativos de posibles problemas de aceptación y aplicabilidad en caso de ser aprobada.
El avance de la reforma en medio de protestas y paros de labores que sugiere una posible falta de consenso y participación de diversos actores en la construcción de esta reforma, podría afectar su legitimidad y aceptación. Las preocupaciones y resistencias planteadas por distintos sectores de la sociedad, deberían ser abordadas para garantizar una reforma que sea ampliamente aceptada y que fortalezca la justicia en México de manera efectiva y equitativa.
Es fundamental, buscar soluciones efectivas que puedan abordar las preocupaciones y garantizar una implementación justa y equitativa de los cambios propuestos. La búsqueda de soluciones ante el avance de la reforma judicial en México requiere de un enfoque integrador, que priorice el diálogo, la revisión cuidadosa de la propuesta, la educación a la ciudadanía, la participación activa de los diversos sectores y el compromiso con el Estado de Derecho. Solo a través de un proceso inclusivo y transparente se podrá alcanzar una reforma que sea aceptada y beneficiosa para toda la sociedad.