Reforma al poder judicial: pienso, luego escribo

Aunque a muchos nos cueste reconocer, el presidente López Obrador ha puesto el dedo sobre la llaga en un tema latente para la impartición de justicia de nuestro país: la corrupción de jueces y magistrados.

Durante la semana pasada, Obrador hizo un llamado a la responsabilidad y la integridad en la administración de justicia, enfatizando la necesidad de que las decisiones judiciales se tomen con base en la ley y no bajo presiones externas. Queda claro que fue bastante sutil y no habló de corrupción como a muchos mexicanos nos consta.

Lo digo y asumo mi propia responsabilidad a sabiendas de que mi aspiración como excandidato a una diputación federal de oposición, debería expresarse en mi rechazo total a la reforma judicial que impulsa el presidente. Pero, «cogito ergo sum».

Dejemos de hacernos rosca. La reforma presidencial que defienden Morena y sus aliados no es la que México necesita y tampoco la que la mayoría de los ciudadanos reclama. ¡No podemos jugar a elegir representantes del Poder Judicial como niños de cuarto de primaria!

Sin embargo, en el fondo, este país no puede seguirse permitiendo el lujo de contar con instituciones ajenas a los intereses de la sociedad, como ocurrió con el Instituto Nacional Electoral (INE) al que millones de mexicanos defendimos y al final, en la elección más importante de la historia reciente de México, terminó por ser cómplice de una aplastante elección de Estado, que no fortalece nuestra vida democrática sino marca graves retrocesos.

¿Este es el tipo de instituciones que las y los mexicanos demandamos? Por supuesto que usted y yo coincidimos en el ¡no! Mucho menos necesitamos de un poder judicial cuyas raíces encarnan no en la búsqueda y defensa de la justicia sino en los privilegios del poder.

Ocurre en toda la República y Chiapas es ejemplo estelar. Cientos de personas inocentes en la cárcel, miles de delincuentes en las calles gozando de impunidad y un vergonzoso sometimiento de la división de poderes a los intereses nefastos de fiscales y ministerios públicos que conducen a su antojo la integración de carpetas de investigación que terminan en acuerdos y negociaciones en los juzgados.

Hace unos meses, mientras brindabamos acompañamiento a una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos por elementos de la Policía de Investigación, al mando del narco-comandante Alfonso Enrique Méndez Rojas, una defensora pública nos hizo saber su temor de intervenir para representar a la víctima.

«De milagro no los han mandando a matar» dijo volteando a ver al resto de sus compañeros en un inicuo cubículo ubicado dentro del Cereso «El Canelo», mientras estos le otorgaban la razón moviendo como idiotas la cabeza de arriba hacia abajo.

Este el Poder Judicial que ya no queremos. El que pone como excusas la amenaza, el temor y la falta de garantías para ejercer su labor. Ese poder judicial caduco y corrupto que ha negado el acceso a la justicia a millones de víctimas.

Sería estúpido estar en contra de la historia. Y lo digo desde la oposición. Hace falta más debate y menos conservadurismo.

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