La intervención de las fuerzas del orden se realizó tras una denuncia ciudadana por la presencia de disparos de arma de fuego
La mujer indígena llevaba al menos cuatro días privada de su libertad en los separos de la agencia municipal de Tzajalchén
Chiapas Observa/Staff.– En un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue rescatada una mujer indígena que llevaba al menos cuatro días privada de su libertad en los separos de la agencia municipal de Tzajalchén, comunidad del municipio de Chenalhó.
La intervención de las fuerzas del orden se realizó tras una denuncia ciudadana por la presencia de disparos de arma de fuego en las localidades de Tzanembolom y Tzajalchén. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron la retención arbitraria de la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad. La mujer fue trasladada de inmediato a San Cristóbal de Las Casas, donde recibió atención médica y psicológica, además de resguardo para garantizar su integridad.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate las graves violaciones a los derechos humanos que persisten en algunas comunidades indígenas de Chiapas, bajo el amparo de los llamados «usos y costumbres», prácticas que, si bien forman parte del derecho indígena reconocido por la Constitución, en muchas ocasiones son distorsionadas o utilizadas para legitimar actos de violencia, principalmente contra las mujeres.
En Chenalhó, como en otras regiones de Los Altos de Chiapas, la justicia comunitaria suele operar al margen del Estado, y en múltiples ocasiones se convierte en una herramienta de control social ejercida por autoridades tradicionales o comités comunitarios que imponen castigos, sanciones o retenciones sin el debido proceso, lo que vulnera gravemente los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las mujeres, quienes enfrentan una triple discriminación: por género, por etnia y por pobreza.
Organismos de derechos humanos y colectivos feministas han denunciado reiteradamente que las mujeres indígenas son víctimas de violencia sistemática, que incluye desde matrimonios forzados, violencia doméstica y exclusión política, hasta encarcelamientos comunitarios, linchamientos simbólicos y violencia sexual, todo en nombre del respeto a la autonomía indígena.
El rescate de esta mujer representa un paso importante, pero también una alerta sobre la urgencia de revisar y supervisar con mayor rigor las prácticas comunitarias que violentan derechos humanos. La multiculturalidad no puede ser excusa para permitir actos de barbarie. Urge una intervención integral del Estado en estos territorios, que combine el respeto a la identidad cultural con la garantía plena de los derechos humanos, en especial los de las mujeres.
Mientras tanto, la víctima se recupera bajo resguardo. La FGE ha iniciado las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
