Las sanciones perturban los esfuerzos de juzgar a los responsables de crimenes de guerra en todo el mundo, advierte ONU Derechos Humanos
Chiapas Observa/Staff.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mostrado este viernes por las sanciones impuestos por el Gobierno de los Estados Unidos a los jueces de la Corte Penal Internacional.
Las sanciones son «profundamente corrosivas para el buen gobierno y la debida administración de justicia», ha afirmado Volker Türk.
Las sanciones contra los jueces, anunciadas ayer por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se producen después de que la Corte haya emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, exministro de Defensa, como presuntos perpetradores de crímenes de guerra en relación con el desarrollo de la guerra en Gaza.
La Corte también supervisa un caso de 2020 por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por las fuerzas militares estadounidenses y afganas.
«Me perturba profundamente la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de sancionar a jueces de la Corte Penal Internacional —concretamente a cuatro juezas, de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda— que habían participado en resoluciones sobre la situación en Afganistán o en el Estado de Palestina», afirmó Türk, quien pidió que se reconsideraran y retiraran rápidamente las medidas.
Las sanciones, continúa la declaración, atacan a los jueces por desempeñar sus funciones judiciales, un acto que, según él, va «directamente en contra del respeto al estado de derecho y la igualdad ante la ley, valores que Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo».
La declaración sigue un comunicado de prensa del jueves de la CPI, en el que se describen las sanciones como «un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todos los rincones del mundo».
La CPI reforzó su posición el viernes con un comunicado de la Asamblea de los Estados Partes —el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la corte— en el que rechazaba las sanciones de Estados Unidos, que, según declaró, «corren el riesgo de socavar los esfuerzos mundiales para garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional y erosionan el compromiso compartido con el Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la preservación de un orden internacional basado en normas».
Por su parte, la Oficina regional para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados ha condenado la práctica habitual del ejército israelí de asesinar a periodistas en Gaza, que sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.
En el último ataque contra el Hospital Al Ahli, en la ciudad de Gaza, en la mañana del 5 de junio, al menos cuatro periodistas murieron y otros tres resultaron heridos. Este es al menos el tercer caso de periodistas aparentemente atacados y asesinados en hospitales. Un ataque contra el complejo médico Nasr en Khan Younis el 7 de abril de 2005 causó la muerte de dos periodistas, y un ataque contra el hospital Al Awda en An Nuseirat causó la muerte de cinco periodistas el 26 de diciembre de 2024.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados está horrorizada por el hecho de que, según informes, los ataques militares israelíes hayan causado la muerte de 18 periodistas solo en mayo de 2025.
Ese organismo ha verificado la muerte de 227 periodistas palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos 197 hombres y 30 mujeres.
El aparente ataque selectivo contra periodistas palestinos en Gaza, junto con la denegación por parte de Israel del acceso de periodistas extranjeros a Gaza durante más de 18 meses, salvo algunas visitas controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel, parecen indicar un intento deliberado por parte de Israel de limitar el flujo de información hacia y desde Gaza e impedir la cobertura informativa sobre el impacto de sus ataques y la denegación de asistencia humanitaria.
Dirigir ataques contra personas protegidas, como los periodistas, constituye una violación del derecho internacional humanitario y también un crimen de guerra.
