A través de un comunicado, el Comando Norte de Estados Unidos informó que los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur ahora tienen autorización para implementar medidas de control en el Área de Defensa Nacional de Nuevo México, integrada a la instalación militar Fuerte Huachuca, en Arizona
Chiapas Observa/Staff.-La administración del presidente Donald Trump confirmó el pasada 22 de abril que dio mayores atribuciones al Ejército de Estados Unidos, permitiendo que los soldados detengan y registren a migrantes indocumentados en la frontera de Nuevo México.
A través de un comunicado, el Comando Norte de Estados Unidos informó que los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur ahora tienen autorización para implementar medidas de control en el Área de Defensa Nacional de Nuevo México, integrada a la instalación militar Fuerte Huachuca, en Arizona.
Estas facultades buscan respaldar los esfuerzos del gobierno para «sellar la
frontera» y frenar, en cifras «nunca antes vistas», el ujo migratorio irregular.
Desde el 22 de abril, las tropas pueden registrar y retener temporalmente a
quienes ingresen ilegalmente a la zona designada, además de aplicar protocolos
más estrictos para el manejo de multitudes hasta la llegada de autoridades
migratorias.
Vale la pena señalar que la asistencia militar a la Patrulla Fronteriza se
extenderá por un periodo de tres años e incluirá:
Detenciones temporales y registro, los soldados podrán interrogar e inspeccionar a sospechosos, entregándolos después a las autoridades correspondientes.
Patrullajes móviles, se permiten operativos terrestres para detectar actividades irregulares, aunque los militares no podrán arrestar directamente a migrantes.
Asistencia médica, las tropas brindarán ayuda de emergencia dentro de su jurisdicción.
El despliegue militar, que fue activado en enero de 2025 bajo la Orden Ejecutiva
14167 (que declaró emergencia nacional en la frontera sur), ha generado críticas.
Diversas organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
argumentan que esta medida «sólo sirve para potenciar una crisis humanitaria
que debería tratarse con políticas civiles».
Además, la ACLU también sostiene que el uso del Ejército viola la Ley Posse
Comitatus, que restringe su participación en labores de aplicación de leyes diplomáticas, advirtiendo que las acciones militares «afectan la buena relación
bilateral e incentivan conictos internacionales».
