La situación de las madres víctimas de feminicidios en Chiapas requiere atención inmediata.
La fundación Karla Velasco, integrada por estas madres, ha denunciado la negativa de funcionarios estatales para otorgarles el derecho de audiencia y exponer la situación de las carpetas de investigación que no presentan avances significativos. Esto es inaceptable, ya que las familias de las víctimas tienen derecho a saber la verdad y a que se haga justicia.
Maricruz Velasco, una de las integrantes de la fundación, afirma que este grupo de madres ha mantenido una postura sensata y ha buscado ser atendida a través de solicitudes presentadas al gobierno del estado. Sin embargo, han sido marginadas y atendidas solo por funcionarios menores que no tienen capacidad en la toma de decisiones.
Lo anterior podría interpretarse como una falta de compromiso de las autoridades para abordar el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres.
El caso del feminicidio de la hija de Maricruz Velasco es solo uno de los muchos ejemplos de la impunidad y la falta de justicia que por años prevaleció en Chiapas y que en los tiempos de la Nueva ERA serían inaceptables.
Dos personas involucradas en el caso siguen en cargos públicos sin ser llamadas a rendir cuentas. Esto es una muestra de la corrupción y la complicidad que existe en el sistema de justicia, por lo que es urgente a actuar para poner fin a la impunidad de la que han gozado, favorecidas por los gobiernos del pasado.
Otro caso que llama la atención es el de la Doctora Paulina Gómez, quien fue víctima de feminicidio y de violencia institucional. La familia de Paulina denuncia que no se hizo nada para investigar al feminicida, detenerlo o arraigarlo, y que incluso familiares suyos protegieron al agresor que en el 2022 las autoridades informaron habían sido asesinado buscando con esto cerrar el vaso sin agotar todas las investigaciones por la probable complicidad de terceros.
Esto es un ejemplo de la falta de compromiso que las autoridades mantuvieron durante seis dolorosos años, para proteger a las mujeres y castigar a los agresores.
La situación de Paola Yazmin Ocampo, quien fue encontrada sin vida dentro de una cisterna asegurada con candado en una escuela primaria de Tuxtla Gutiérrez, es otro ejemplo de la violencia y la impunidad en los casos de feminicidios.
Es inaceptable que las autoridades no hayan tomado medidas para prevenir este tipo de crímenes y que las familias de las víctimas tengan que recurrir a las presiones y acciones radicales para ser atendidas.
La fundación Karla Velasco ha denunciado que la atención en materia de procuración de justicia se ejerce de manera selectiva, y que las familias de las víctimas tienen que luchar para ser escuchadas. Lo anterior, se contrapone al compromiso del actual gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quién mantiene una lucha frontal contra la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, tal parece que algunos funcionarios en los que él ha depositado su confianza aún no entienden la relevancia de estos temas.
Es importante que las autoridades tomen medidas inmediatas para abordar el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres en Chiapas. Esto incluye la creación de un sistema de justicia que sea efectivo y que castigue a los agresores, así como la implementación de políticas y programas para prevenir la violencia contra las mujeres, pero también mecanismos para la reparación integral del daño, algo que se omite desde el momento en que son marginadas y excluidas de la agenda institucional.
Por fortuna, Chiapas tiene un gobernador y un fiscal general que están dedicados de tiempo completo a trabajar en contra de la impunidad, en una entidad que aún tiene hambre de sed y justicia.
