Grupos del crimen organizado han tomado el control de fincas cafetaleras y obligando a los habitantes a trabajar bajo amenazas de violencia.
De acuerdo con fuentes periodisticas, el problema se agravó desde octubre de 2024, cuando varias personas de tres fincas cafetaleras fueron secuestradas, incluyendo a Hiclear Tomás Calderón, de 37 años, de quien existe una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía estatal.
Esto no es un caso aislado. Hace unos años, en Michoacán, el narcotráfico se apoderó de las plantaciones de aguacate, demostrando que el crimen organizado está dispuesto a explotar cualquier recurso para obtener beneficios económicos.
En el caso de Chiapas, los cárteles han secuestrado a personas y las han obligado a trabajar en la cosecha del café, mientras que los migrantes son reclutados con promesas de buenos pagos, solo para ser explotados y obligados a trabajar en condiciones precarias.
La corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM) es un factor que contribuye a esta situación, ya que los funcionarios están vendiendo formatos para solicitar refugio y solo otorgan tres formularios diarios, lo que genera una gran demanda desatendida que beneficia a los criminales.
Es importante destacar que las autoridades estatales, como la FGE y la SSP, están trabajando para combatir la inseguridad y la impunidad, pero es necesario que las autoridades federales tomen medidas para frenar la corrupción y los abusos en el INM.
La crisis migratoria en Chiapas es un problema que requiere una solución integral, que incluya la protección de los derechos humanos de los migrantes y la erradicación de la corrupción y la explotación.
