La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, llevaron a cabo un operativo para retirar cámaras de vigilancia ilegales en los municipios de Emiliano Zapata y Acala el pasado fin de semana.
La dependencia dio a conocer que derivado de una denuncia anónima, reportando la instalación de cámaras de vigilancia de manera clandestina por parte de un grupo delictivo, los elementos del orden se desplegaron en los municipios antes mencionados, realizando el desmantelamiento de cámaras no autorizadas, que se encontraban ubicadas en postes de tendido eléctrico y de telefonía.
Se retiraron en el tramo carretero Chiapa de Corzo – Emiliano Zapata, el crucero Emiliano Zapata – Acala y en el ejido Javier López Moreno, municipio de Acala; asegurando tres cajas de registro, ocho cámaras de videovigilancia, tres módems, tres cajas para pastillas de luz, 12 conectores (cargadores), cable de fibra óptica y cable de energía eléctrica.
La situación que ha predominado en varios municipios de Chiapas es cada vez más alarmante. La evidente complicidad de algunos alcaldes con el crimen organizado no solo ha puesto en riesgo la seguridad de la población y ha cobrado cientos de vidas inocentes, sino que también genera dudas sobre la procedencia de los recursos con que operaron sus campañas. ¿De dónde salieron los fondos para financiar sus campañas electorales? ¿Hubo algún tipo de acuerdo o negociación con grupos del crimen organizado para obtener esos recursos?
La presencia de exalcaldes que ahora ocupan cargos de diputados, a pesar de los reclamos ciudadanos para que se aplique el estado de derecho, es reprobable. ¿Cómo es posible que personas que han sido acusadas de tener vínculos con el crimen organizado puedan seguir ocupando cargos públicos? La falta de transparencia y rendición de cuentas en la función pública es un tema que debe ser abordado con urgencia.
La violencia y la inseguridad en Chiapas no son solo un problema de seguridad pública, sino también un reflejo de la corrupción y la impunidad que mantuvieron secuestradas las garantías y derechos fundamentales de la población.
El control de los municipios que mantenía el crimen organizado es un tema que debe ser abordado con seriedad y determinación. Las acciones encabezadas por la FGE y la SSP son una buena señal que confirma el compromiso real del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
Los ciudadanos de Chiapas merecen vivir en un estado donde la justicia y la seguridad sean una realidad, no solo un sueño lejano.
