Es impresionante la magnitud del desastre provocado por la inseguridad y la impunidad que prevaleció en Chiapas durante seis años de un gobierno que defraudó a los ciudadanos con un doble discurso y su abierta complicidad con el crimen.
Hace un par de años, uno de los líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sostuvo que Chiapas se había convertido en una gran fosa clandestina. La denuncia del llamado «Subcomandante Insurgente Marcos», llegó lejos, traspasó las fronteras y puso a esta entidad en el ojo de la opinión pública nacional e internacional que poco o nada hizo para solidarizarse con miles de familias que se mantenían secuestradas por el miedo impuesto por los grupos criminales, bajo el desamparo de la ley, víctimas de un mal gobierno que se empeñaba en negar la realidad.
Ahora, a diferencia del pasado, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha respondido a los reclamos del pueblo y a antepuesto sobre cualquier otra prioridad la seguridad de los chiapanecos. Basta observar como desde el primer minuto de su admistración, el fiscal general y el secretario de Seguridad del Pueblo, presentaron a las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, elementos con capacidad certificada para encabezar las acciones de combate a la delincuencia, equipados con herramientas, equipos e inteligencia que día a día avanzan en la recuperación de la paz en las diversas regiones del estado, esto con el acompañamiento de las fuerzas federales que dicho sea de paso, merecen también todo nuestro reconocimiento.
Sin embargo, es fundamental destacar que la seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, sino que también requiere la participación activa de los ciudadanos. La colaboración entre la comunidad y las autoridades es clave para prevenir y combatir la delincuencia. Los ciudadanos pueden contribuir denunciando actividades sospechosas, participando en programas de vigilancia comunitaria y apoyando iniciativas de prevención del delito.
Coincidimos en que la seguridad de las comunidades de Chiapas es un desafío que requiere la atención y el esfuerzo conjunto del gobierno y los ciudadanos.
Es fundamental que los ciudadanos se involucren y participen activamente en la prevención y combate de la delincuencia. Esto debe abrir paso a un nuevo escenario social donde los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y la democracia puedan ejercerse libremente, sin temor a ser perseguidos o asesinados como ocurrió en el oscuro pasado de esta tierra.
Los logros alcanzados hasta el día de hoy, deben ser un homenaje a quienes en la defensa de la libertad de sus pueblos y comunidades, como el profesor José Artemio López Aguilar y el párroco Marcelo Pérez Pérez, ofrendaron sus vidas para que el grito de ¡basta!, pudiera ser escuchado.
Estas acciones emprendidas por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, deben ser también en memoria de las niñas y mujeres asesinadas, así como de los miles de desparecidos que hasta hoy, sus familiares siguen buscando y clamando justicia.
