Hoy la cuarta parte de los migrantes en América Latina y el Caribe son niños y como tales, todos tienen derecho a la protección y la unidad familiar, subrayó el pasado miércoles la directora regional en funciones del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF). Y es que desde el año pasado la UNICEF alertaba, que América Latina y el Caribe estaban experimentando una de las mayores y más complejas crisis de migración infantil en el planeta, con el récord mundial de niños que cruzan sus principales puntos de tránsito.

Urgiendo a no separar a los niños de sus familias, la agencia para la infancia recuerda que las personas migran porque no tienen otra opción cuando se ven cercadas por niveles insoportables de desigualdad, pobreza o violencia; y que, de igual manera, los desastres y fenómenos meteorológicos extremos también obligan a muchas personas a abandonar sus hogares y tomar rutas insospechadas en busca de refugio. Por eso sus viajes están llenos de riesgos, donde los más expuestos a situaciones que amenazan la vida son los niños.

Y es que, sin importar su estatus migratorio, sin importar dónde se encuentren, los niños siempre tienen derecho a estar con su familia o sus cuidadores, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y lo ha declarado también Karin Hulshof, Directora Regional Interina para América Latina y el Caribe de la UNICEF. Y en vista de la práctica de algunos países de separar a las familias de migrantes cuando llegan a su territorio, UNICEF recordó a los gobiernos su obligación de garantizar que los procesos fronterizos y de recepción no resulten en una separación familiar deliberada o involuntaria. Eso sólo agrega una capa adicional de estrés y trauma a las personas desarraigadas, apuntó la Directora regional.

Porque independientemente de que viajen con su familia o solos, los niños migrantes y refugiados tienen derecho a un proceso para que se evalúe adecuadamente su interés superior y se encuentren soluciones sostenibles a su situación, incluida una mayor integración y asentamiento en el país de residencia actual, la repatriación al país de origen o el reasentamiento en un tercer país, afirmó Hulshof; al hacer hincapié en que los niños migrantes, tienen derecho a solicitar asilo y a no ser devueltos a lugares donde su vida o bienestar corran peligro. Y en este sentido UNICEF instó a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe a adoptar procedimientos que mantengan unidas a las familias y reúnan a los niños que han sido separados con sus cuidadores.

Este fenómeno no es solo un problema individual de familias que buscan mejores oportunidades, sino que también es un reflejo de fallas sistémicas en el desarrollo económico y social de países de la región. Es imperativo cuestionar cómo las políticas económicas, las violaciones a los derechos humanos y los efectos del cambio climático agravan estas crisis y cómo se puede abordar la raíz del problema, no solo los síntomas. Porque la crisis de migración infantil en América Latina es un fenómeno multidimensional que exige un enfoque crítico que contemple no solo los derechos de los migrantes, sino también las causas estructurales detrás de esta crisis, la implementación de políticas inclusivas y el papel de la comunidad internacional en la protección de los más vulnerables.

La complejidad de la crisis migratoria exige un enfoque que reúna diversas disciplinas, para promover la investigación y explorar las interconexiones entre desigualdad económica, violencia, desastres naturales y migración. Así se podrá entender mejor, cómo estas variables influyen en la decisión de las familias de abandonar sus hogares. Porque los problemas inmediatos que enfrentan los niños migrantes, destacan la interconexión de factores estructurales que requieren respuestas multidimensionales, incluyendo la protección, la integración y la promoción de los derechos humanos en toda la región. Esto ofrece una oportunidad para repensar y reestructurar cómo se aborda la migración infantil en América Latina y el Caribe de manera más justa y efectiva.

Los gobiernos deben implementar y reforzar como solución, políticas que garanticen la unidad familiar durante los procesos migratorios. Esto podría incluir la creación de protocolos claros en puntos de entrada que eviten la separación familiar y mecanismos rapiditos para la reunificación en caso de que la separación ocurra. Así como integrar políticas socioeconómicas y programas de asistencia y protección para niños, que aborden la pobreza, la desigualdad y la violencia, invirtiendo en educación, salud y empleo en las comunidades más afectadas, para que las familias no se vean obligadas a migrar como única opción que pueda garantizar su supervivencia. Al abordar de manera integral estas soluciones, se puede avanzar hacia un modelo más humano y eficaz para gestionar la crisis de migración infantil en América Latina, priorizando siempre el bienestar y la protección de los niños y sus familias, así como buscando soluciones a largo plazo que vayan a la raíz de los problemas que causan la migración.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí