Hace un par de días, usuarios de las redes sociales, medios digitales y WhatsApp, alertaron sobre un presunto grupo delictivo que al parecer se llevó por la fuerza a hombres de los ejidos Río Blanco, Llano Grande y Laguna del Cofre, en la región de Jaltenango y Monte Cristo de Guerrero, Chiapas. Se llevaron a todo un pueblo, a todos los hombres a la fuerza y no había ejército para proteger a la población, manifestaron en su publicación como una señal de alarma. Tememos por la vida de familiares y conocidos, dijeron en uno de sus mensajes. Hasta este momento, nada más se sabe, ni hay nueva información al respecto.
Como este mismo caso, el pasado domingo 24 de marzo el periódico El País México reportó que ese día en Sinaloa, las personas secuestradas por grupos armados llegaron a 66. Que el número total crecía a medida que subía el de rescatados y que entre las víctimas habían hombres, mujeres y niños integrantes de familias completas. Que los secuestros iniciaron en fraccionamientos, colonias y comunidades rurales, mientras las autoridades sumaban denuncias unas tras otras, sin poder establecer la cifra exacta de victimas, hasta que se superó el medio centenar de secuestrados.
La reportera del periódico El Universal, Sharon Mercado, dice que Julio es ahora el mes con más reportes de secuestros en lo que va del 2024; y que de acuerdo al reporte de la organización Alto al Secuestro, en enero hubo 66 secuestros; en febrero, 71; en marzo, 84; en abril, 88 y en mayo documentó, 66 secuestros. Durante junio de 2024, la ONG reportó un total de 90 secuestros en México; y desde diciembre de 2018 hasta el 30 de junio, van 6 mil 598 secuestros en todo el país. Según la reportera, de acuerdo con información del Reporte Nacional de Secuestro, los estados con mayor incidencia de secuestros fueron Ciudad de México con 12 secuestros; Estado de México y Veracruz con 9, respectivamente; Chihuahua con 8; Michoacán y Puebla, con 6 y Tabasco y Quintana Roo, con 4.
Alto al Secuestro, organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace, también destacó que durante el mes pasado se registraron dos secuestros masivos en Guerrero y el Estado de México, lo que dio un total de 19 víctimas. Además documentó, que en junio de 2024 hubo 4 secuestros de migrantes, con un total de 43 víctimas, tres de ellos fueron en Chihuahua y otro fue en Quintana Roo. Que con base a una gráfica publicada en el mismo informe, de junio de 2023 a junio de 2024, se han reportado 384 personas migrantes secuestradas. Y que en junio de 2023 hubo 26 víctimas; en julio del mismo año hubo 93; en octubre reportaron 5; en noviembre, 58 y en diciembre, 45. Mientras que en enero de 2024 hubo 18 víctimas; en febrero, 29; en abril, 7; en mayo, 60 y en junio 43.
Podríamos considerar también, el informe de Ana Lucía Verduzco en el portal de Wola, quien precisa que la persecución de personas migrantes en las ciudades del norte de México no es un fenómeno nuevo. Las organizaciones de derechos humanos, entre ellas WOLA, lo han abordado durante muchos años, incluso antes de que existieran políticas como la de “Quédate en México”. Y que en Tamaulipas, la brutalidad y la frecuencia de los abusos son especialmente intolerables y están aumentando, lo que exige una acción inmediata de los gobiernos estadounidense y mexicano.
Se evidencia a nuestro juicio, una preocupante falta de seguridad y protección por parte de las autoridades ante el aumento de casos de secuestros en diferentes regiones de México, incapacidad que pone en riesgo la vida de la población y genera un clima de inseguridad generalizado, con un impacto devastador en comunidades enteras, como lo evidencia el caso de los ejidos Río Blanco, Llano Grande y Laguna del Cofre en Chiapas. Que desestabiliza la paz social causando temor y zozobra entre la población; y que requiere, una acción coordinada y contundente por parte de las autoridades mexicanas para enfrentar la crisis de secuestros, proteger a la población y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluyendo a grupos vulnerables como migrantes y comunidades rurales.
La situación descrita revela la urgencia de implementar reformas a nivel estructural en las instituciones de seguridad y justicia de México. Pero también se visualiza la necesidad de una respuesta integral y colaborativa para hacer frente a la crisis de secuestros en México, protegiendo a la población en general y a los grupos vulnerables específicos, fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia, y abordando las causas profundas de la inseguridad en el país.
Una estrategia integral para abordar la crisis de secuestros en México debería contemplar acciones concretas para fortalecer las instituciones, prevenir el delito, promover la participación ciudadana, fortalecer la cooperación internacional y brindar protección específica a los grupos más vulnerables. Estas medidas contribuirían a combatir la impunidad, a restaurar la confianza en el sistema de justicia y a garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos en el país, que no merece estos síntomas de barbarie.
