Pascual Yuing
A más tardar el próximo 6 de septiembre deberá ser presentado ante el pleno para que éste resuelva, el proyecto para hacer la declaración de validez o, en su caso, de invalidez de la elección presidencial, que debe elaborar la comisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encargada para tal fin. Sin embargo, parece que el TEPJF perdió el eje de la legalidad, como lo critica el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.
Después de precisar el cómputo final como en otros procesos electorales, el dictamen deberá integrarse con la validez de la elección, la declaración de Presidenta electa y los posicionamientos de los magistrados; que de acuerdo con la Constitución General, deben ser analizados y valorados por la Sala Superior antes del cierre del Proceso Electoral Federal.
Este proceso, deberá llevarse en el contexto de una seria crisis que se vislumbra en el poder judicial de la Federación. Por un lado, la reforma al sistema judicial que ha suscitado incertidumbre en cuanto a la separación de poderes y el equilibrio institucional, debido a la escasa participación de jueces, magistrados y ministros. Además, cientos de trabajadores se han manifestado ante la sospecha de que las diversas reformas promovidas por la actual administración, violen sus derechos y garantías laborales.
Por otro lado, recientemente el TEPJF, ha marcado una ruptura con el Poder Judicial de la Federación, que incluye a la Suprema Corte y a los jueces de distrito. Esto se dio tras la emisión de una suspensión por parte del juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, que ordenó al TEPJF elegir a dos magistrados para cubrir las vacantes en el Pleno de la Sala Superior. La acción generó evidentes reacciones de malestar en el Tribunal, entre funcionarios del gobierno, entre partidarios de la 4T; y evidentemente incomodó, al Presidente de México y a la Presidenta electa. Sobre esta situación, el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, concluyó que el Tribunal ha perdido su orientación legal y se ha visto inmerso en situaciones gubernamentales o políticas ajenas a su competencia.
La falta de equilibrio y contrapeso entre instituciones clave, la falta de participación y consulta a jueces, magistrados y ministros en decisiones fundamentales para el sistema judicial, que afectan al TEPJF, ponen en riesgo la credibilidad y la legitimidad de sus acciones; lo que puede socavar, la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la democracia y el Estado de derecho. Volviéndose fundamental abordar estas cuestiones de manera urgente, para quienes luchan por preservar la integridad del sistema judicial mexicano.
Es indispensable que las autoridades competentes aborden de manera inmediata los problemas y conflictos existentes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en el sistema judicial de México en general, si se quiere restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial mexicano. Las reformas necesarias deben ser implementadas con celeridad y de forma consensuada, considerando las preocupaciones y demandas de todos los actores involucrados.
Solo a través de un proceso de diálogo abierto y constructivo se podrá garantizar la integridad y eficacia del sistema judicial, preservando así los principios democráticos y el cumplimiento de la legalidad en el país; que por lo visto, va sin rumbo ni dirección, el Poder Judicial sin eje y el Tribunal Electoral sin timón.
