Por primera vez en meses, como dice el especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción, Zedryk Raziel, reportero de EL PAÍS México, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña, ha salido a dar un mensaje público en torno a la polémica reforma del Ejecutivo que busca refundar el Poder Judicial.
La jueza, ha dirigido unas breves palabras a través de un video a los trabajadores de la judicatura, que tienen dudas de cómo impactará en su vida que la radical enmienda sea aprobada en septiembre, como ha sido anunciado. Y es que la reforma ha llegado a un punto muy polémico, ante la propuesta de que miles de cargos de jueces, magistrados y ministros, sean electos por voto popular a partir de 2025.
Ante tal inquietud, sin una comunicación clara por parte de las autoridades, se vuelve difícil comprender el alcance y las implicaciones de las medidas propuestas. Hay quienes sostienen que la falta de participación de los jueces, magistrados y ministros en la elaboración de la propuesta no solo socava su legitimidad, sino que también está generando resistencia a su implementación, entre otras consecuencias.
Piña ha señalado que viven momentos llenos de incertidumbre ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, pero que trabajan incansablemente dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, sin especificar cuáles son dichas “instancias”.
Las dudas, conforme a la lógica republicana como dice el investigador del diario español, son en torno al rol que por ejemplo en política interior tendrá la Suprema Corte, en su función de velar por la Carta Magna y ejercer de equilibrio de los poderes Legislativo y Ejecutivo, teniendo una mayoría en el Congreso capaz de reformar la Constitución y con una oposición reducida como pocas veces en la historia.
Es tal la preocupación que existe sobre cómo esta medida podría afectar la separación de poderes y el equilibrio institucional en el país, que la incertidumbre ha generado inestabilidad y desconfianza en el entorno económico y sobre el futuro del sistema democrático en México.
De acuerdo a los medios, la reforma judicial propuesta por López Obrador y abrazada por la presidenta electa, ha provocado una fuerte sacudida a los mercados financieros, que ven con desconfianza una enmienda que dejará sin empleo a por lo menos unos mil 700 jueces y magistrados en funciones, a partir de 2025, para ser reemplazados por otros elegidos en las urnas.
Ante el juicio derivado de la reforma judicial propuesta, si bien el voto popular podría fortalecer la legitimidad de las instituciones judiciales al involucrar directamente a la ciudadanía en la selección de estos cargos, que podría significar una oportunidad para renovar el sistema judicial, asegurando la independencia y transparencia en la administración de justicia, también conlleva el riesgo de no depender de criterios técnicos y legales, que impactaría la credibilidad de las decisiones judiciales.
En una perspectiva a largo plazo, sería necesario llevar a cabo un extenso proceso de diálogo y consulta con todos los actores involucrados, tales como jueces, trabajadores judiciales y la sociedad civil; fundamentalmente para garantizar, que cualquier modificación en el sistema judicial respete la separación de poderes y fortalezca la independencia del Poder Judicial para preservar el equilibrio institucional en el país. De lo contrario, podríamos ver surgir un inesperado colapso en el orden institucional.
Las perspectivas ante la reforma judicial propuesta son diversas y dependen de cómo se aborden las preocupaciones sobre la independencia judicial, la estabilidad institucional y la participación ciudadana en el proceso de selección de autoridades judiciales. La claridad en la comunicación y el compromiso con los principios democráticos serán clave para el éxito y aceptación de cualquier cambio que se quiera en el sistema judicial mexicano.
Para solucionar el grado de desconocimiento y falta de información, se deben establecer mecanismos de diálogo entre el gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, magistrados y la sociedad civil, asegurando la participación activa de los diferentes actores involucrados, incluyendo a los trabajadores judiciales como a expertos en derecho. El respeto a los principios constitucionales, el equilibrio institucional en el país, la educación y sensibilización de la ciudadanía de manera informada, la negociación y el compromiso entre las distintas partes, debe buscar siempre el consenso en beneficio del sistema judicial y de la sociedad en su conjunto.
La búsqueda de soluciones efectivas ante las perspectivas planteadas requiere un enfoque integral que combine el diálogo constructivo, la transparencia en el proceso de toma de decisiones, el respeto a los principios constitucionales y la participación activa de la sociedad, en la construcción de un sistema judicial sólido y legitimado por un amplio consenso social.
